López niega estar relacionado o haber cobrado por la concesión de VPO

Aunque estaba citado a las diez de la mañana en el Juzgado de Instrucción número tres, el exgerente de Emvicesa, Antonio López, llegó cuando apenas pasaban unos minutos de las nueve. Lo hizo custodiado por agentes de la Guardia Civil y proveniente de la prisión Puerto II, a la que fue trasladado el pasado mes de marzo.

Además de López, también estaban citados otros dos implicados en el caso Emvicesa, que investiga una presunta concesión de viviendas de titularidad pública. Ambos, trabajadores de una naviera y una empresa municipal respectivamente, permanecen en prisión desde que la juez que instruye el caso, Raquel Lucini, ordenara su ingreso en febrero.

Por el momento,nada ha cambiado en la situación procesal de los tres, pues permanecerán encarcelados. En el caso de López, eso sí, se espera la resolución, por parte de la Audiencia Provincial, del recurso presentado por su defensa contra la prisión provisional.

A la salida de los juzgados, el abogado de López, José María Calero, declinó hacer ningún tipo de valoración sobre la declaración limitándose a confirmar que la situación de su defendido continuaba siendo la misma.

Fue, de hecho, el exviceconsejero de Vivienda el primero en responder a las preguntas formuladas por la instructora. López, según indicaban a este medio fuentes cercanas al caso, también respondió a las cuestiones planteadas tanto por el fiscal como al resto de abogados.

Un testimonio largo, aunque no esclarecedor, en el que el exgerente de la empresa pública aseguró no saber nada de una posible adjudicación irregular de VPO. También negó haber cobrado, ni pedido, dinero por la venta de estas, ni tampoco haber recibido amenazas en este sentido. De hecho, llegó a afirmar que las listas de adjudicatarios venían impuestas desde la Consejería de Fomento y que estas no pasaban por él.

Sobre la actividad de Emvicesa, López declaró que el funcionamiento de la empresa no era el más adecuado. Un funcionamiento “confuso, irregular y mejorable”. Tanto es así que el que fuera miembro del Gobierno subrayó que fue él mismo el que planteó hacer una base de datos de solicitantes. También señaló que en el caso de que le solicitaran algún “favor”, se mostraba dispuesto a ayudar aunque siempre siguiendo los requisitos y los presupuestos fijados.

Asimismo, comentó cómo se desarrollaba todo el procedimiento de adjudicación, incluyendo la fórmula para determinar los cupos y la manera de llevar a cabo la baremación. Las mismas fuentes insistieron en que el exgerente, aunque “preocupado” por su situación, se había mostrado “tranquilo y sereno” a lo largo de todo su testimonio.

Además del recurso contra la prisión provisional, queda pendiente de resolución el incidente de nulidad, presentado por la defensa de López, contra los autos de prórroga del secreto de sumario, y por tanto, contra las actuaciones derivadas del mismo. Otra de las resoluciones que aún se encuentran en trámite es el incidente de nulidad contra el auto que desestimó la petición de recusación a la titular del Juzgado de Instrucción número uno.

Pasadas las dos de la tarde, López abandonaba los juzgados tras haber negado su implicación en una causa que investiga posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos, cohecho y pertenencia a organización criminal.