Hachuel guarda silencio ante su declaración por no haber inhabilitado a dos policías locales

Al filo de las 11.45 horas de este martes, Jacob Hachuel, consejero de Gobernación, ha llegado a la sede judicial de Serrano Orive, donde estaba citado para declarar en la causa abierta contra él por no aplicar la sentencia condenatoria que inhabilitaba a dos policías locales durante dos años por un delito de lesiones. A su llegada, que se preveía mucho antes de la hora de la citación, los medios de comunicación le han recibido para preguntarle por lo que iba a suceder dentro. Una cuestión ante la que Hachuel ha anunciado que ni iba a contestar antes ni después.

El consejero ha señalado que, al encontrarse la causa judicializada, no iba a hacer ninguna declaración, manteniendo así la línea de prudencia que ha tenido hasta ahora. Hachuel además ha dicho que acatará lo que la Justicia disponga, y que cuando llegue ese momento hará las pertinentes declaraciones. Tras atender a los medios, el consejero, junto a su letrado, ha entrado en la sede judicial.

El pasado 23 de mayo tres técnicos y la secretaria general de la Ciudad Autónoma pasaron por el juzgado para declarar también por esta causa. En su comparecencia ante la juez encargada de la instrucción, en el juzgado número cuatro, los técnicos ratificaron los informes en los que el consejero se basó para adoptar esta decisión a principios de 2016. Según explicaba el propio Hachuel a los medios de comunicación en enero del pasado año, había pedido un informe a los servicios jurídicos, ya que no estaba claro qué era lo que tenía que hacer la Ciudad con los agentes, puesto que una inhabilitación de dos años podría resultar lesiva para ellos y su entorno.

Las dudas surgieron en torno a un auto de la Audiencia Provincial dictado en mayo de 2014 que acordó la “suspensión” de la pena de cárcel y la accesoria de inhabilitación siempre y cuando los dos funcionarios no cometiesen ningún delito durante dos años. Este auto llevó a la Ciudad a plantear la no inhabilitación de los agentes, por la que incluso preguntaron a la Audiencia Provincial, sin que esta pudiera asesorarles, tal y como manda la Constitución, según alegaron desde este tribunal en contestación a la administración pública.

Por eso, Gobernación solicitó un informe a los técnicos de servicios jurídicos que dio paso al archivo del expediente y, después, a la denuncia hecha por Fiscalía al entender que se podría haber cometido una prevaricación. Los hechos por los que se condenó a los dos agentes de la Policía Local se remontan a 2005, cuando el padre del líder del Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC) fue golpeado por los agentes y como consecuencia de ello paso varios días ingresado. La familia, no conforme con que los agentes sigan ejerciendo la función pública, también están involucrados en la causa pidiendo que se ejecute la inhabilitación que marca la sentencia.