Hachuel delega en Recursos Humanos la inhabilitación de dos agentes condenados

El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, se enfrentó ayer a su cita más difícil desde que entró a formar parte del Gobierno de Juan Vivas en junio de 2015. El máximo responsable de la Policía Local compareció como investigado en la causa que hay abierta por una presunta prevaricación al no inhabilitar a dos agentes que habían sido condenados por un delito de lesiones pero a los que se les suspendió la pena por ser inferior esta a los dos años. Sin embargo, no estaba claro si la inhabilitación como agentes debía suspenderse o no, de ahí que se iniciara un proceso de consulta tras el cual Hachuel archivó el expediente y que ahora le ha llevado a los juzgados.

Al filo de las 11.45 horas de este martes, Jacob Hachuel, consejero de Gobernación, llegaba a la sede judicial de Serrano Orive, donde estaba citado para declarar en la causa abierta contra él por no aplicar la sentencia condenatoria que inhabilitaba a los policías locales durante dos años por el delito de lesiones al que habían sido condenados. A su llegada, que se preveía mucho antes de la hora de la citación, los medios de comunicación le recibieron para preguntarle por lo que iba a suceder dentro. Una cuestión ante la que Hachuel anunciaba que ni iba a contestar antes ni después.

El consejero señaló que, al encontrarse la causa judicializada, no iba a hacer ninguna declaración, manteniendo así la línea de prudencia que ha tenido hasta ahora. Hachuel además dijo que acatará lo que la Justicia disponga, y que cuando llegue ese momento hará las pertinentes declaraciones. Tras atender a los medios, el consejero, junto a su letrado, entró en la sede judicial donde, según la información obtenida por EL PUEBLO, contestó ante las preguntas de la juez que lleva la causa y de su abogado, pero no a las preguntas del letrado de la acusación, mientras que el fiscal no compareció.

Hachuel defendió que se ajustó a todos los procedimientos legales siempre siguiendo las instrucciones de los informes técnicos. En todo caso, el consejero delegó en Recursos Humanos la decisión de inhabilitar a los agentes.

Declaración técnicos

El pasado 23 de mayo tres técnicos y la secretaria general de la Ciudad Autónoma pasaron por el juzgado para declarar también por esta causa. En su comparecencia ante la juez encargada de la instrucción, en el juzgado número cuatro, los técnicos ratificaron los informes en los que el consejero se basó para adoptar esta decisión a principios de 2016. Según explicaba el propio Hachuel a los medios de comunicación en enero del pasado año, había pedido un informe a los servicios jurídicos, ya que no estaba claro qué era lo que tenía que hacer la Ciudad con los agentes, puesto que una inhabilitación de dos años podría resultar lesiva para ellos y su entorno.

Las dudas surgieron en torno a un auto de la Audiencia Provincial dictado en mayo de 2014 que acordó la “suspensión” de la pena de cárcel y la accesoria de inhabilitación siempre y cuando los dos funcionarios no cometiesen ningún delito durante dos años. Este auto llevó a la Ciudad a plantear la no inhabilitación de los agentes, por la que incluso preguntaron a la Audiencia Provincial, sin que esta pudiera asesorarles, tal y como manda la Constitución, según alegaron desde este tribunal en contestación a la administración pública.

Por eso, el área de Gobernación solicitó un informe a los técnicos de servicios jurídicos que dio paso al archivo del expediente y, después, a la denuncia hecha por Fiscalía al entender que se podría haber cometido una prevaricación. Los hechos por los que se condenó a los dos agentes de la Policía Local se remontan a 2005, cuando el padre del líder del Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC), Tarek Mizzian, fue golpeado por los agentes y como consecuencia de ello pasó varios días ingresado en el Hospital.