Los empleados de Emvicesa piden la nulidad del expediente abierto

Tras recibir el pliego de cargos la semana pasada, los trabajadores de Emvicesa, imputados en la causa que investiga una presunta concesión irregular de viviendas de titularidad pública, han dado registro a las alegaciones presentadas contra el expediente contradictorio abierto por la Consejería de Fomento. Los empleados exigen la nulidad de este procedimiento por un defecto de forma.

Y es que los trabajadores de Emvicesa han alegado por cuestiones como que el expediente no ha sido abierto en tiempo y forma. Además, recusan tanto al instructor del expediente, el gestor de Servicios de Fomento, Carlos González, como a la secretaria del mismo al no ser estos empleados públicos.

Tanto es así que los nombramientos de ambos, por parte del presidente del Consejo de Administración de la sociedad municipal, podría considerarse como un hecho “gravísimo”. Una cuestión contra la que no se descartan emprender acciones ante la jurisdicción competente.

En el pliego de descargo entregado a través del Registro de Emvicesa se hace referencia a la presunción de inocencia de los cinco empleados de Emvicesa que quedaron en libertad con cargos el pasado 17 de febrero. Un aspecto que parece haber pasado por alto la Ciudad, al menos en este caso, señaba el delegado sindical de los trabajadores a este medio.

Para estos trabajadores, el consejero de Fomento no es la persona “competente” para incoar este procedimiento, ya que el mismo debería haber sido iniciado por el actual gerente de Emvicesa, Juan Manuel Doncel.

A juicio de la Consejería de Fomento, los cinco empleados de la sociedad municipal habrían omitido las instrucciones de la anterior responsable del área, Susana Román. Sobre este aspecto, los empleados se justifican al indicar que no había incumplimiento de estas órdenes sino que, simplemente, se seguía las del por entonces gerente de Emvicesa, Antonio López, quien, a su vez y presumiblemente, debía seguir las directrices marcadas desde la Consejería.

Los empleados también se muestran disconformes con la imputación de “carácter génerico” realizada en este expediente contradictorio. Una situación que provoca “indefensión” a los trabajadores investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Sobre este delito, además, hay otra cuestión relevante que figura también en el pliego de descargo presentado ayer. Y es que la Consejería de Fomento parece haber utilizado, al menos según los empleados expedientados, argumentos mayores que por los que están siendo investigados en la causa que instruye la magistrada Raquel Lucini. Así, se les acusa en este expediente contradictorio de un posible delito de falsedad documental.