Montero declara este lunes como investigado por la concesión de los programas de TDT

Si el pasado día 7 de junio era el exconsejero del Gobierno de la Ciudad, Francisco Márquez, este lunes es el turno del editor del periódico ‘El Faro de Ceuta’, Rafael Montero Palacios, que está citado hoy, a partir de las 9:30 horas, para declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El Juzgado de Instrucción número cinco incoó diligencias previas el pasado 18 de mayo para investigar en relación al expediente de contratación para la concesión de dos programas para la explotación de gestión indirecta del servicio público de TDT en Ceuta.

Según el auto emitido por el juez de instrucción “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y demás normativa concordante”.

En este sentido, en la tramitación del citado Expediente de Contratación de “Concesión de dos programas para la explotación de gestión indirecta del servicio público de televisión digital terrestre en la ciudad de Ceuta”, al menos por parte del Presidente de la mesa de contratación, Francisco Márquez, se pudo incurrir en una actividad contraria a derecho al actuar en contra de las normas para facilitar la participación de la mercantil Joaquin Ferrer y Cia, S.L., empresa editora de El Faro.

Así, a la actuación contraria a las bases del expediente de contratación por parte de Márquez como Presidente de la Mesa de Contratación, habría que unir la presunta falsedad documental por parte de la mercantil Joaquin Ferrer y Cia, S.L. en relación a los documentos y justificaciones presentados en el citado procedimiento de contratación pública.

Además, este asunto que ahora se investiga estaría íntimamente ligado con los dos decretos de adjudicación, a favor de ‘El Faro’, de dos locales de propiedad municipal situados en la calle González de la Vega, que iban a ser utilizados para la instalación de la citada TDT y la redacción de El Faro. Una adjudicación que fue revocada tras la denuncia presentada por varias empresas. Además, un dictamen del Consejo de Estado terminó respaldando los informes jurídicos del Negociado de Patrimonio y reforzando así la tesis de la “anómala e incorrecta actuación de la Ciudad” al existir un “cúmulo de actuaciones irregulares que se suceden”.

Declaración de Márquez

Duarante su declaración el exconsejero Márquez se negó a responder las preguntas del abogado de la acusación. Márquez únicamente se limitó a contestar las preguntas del juez instructor, así como a las de su propio abogado.

En su testimonio, Márquez subrayó la legalidad de todas sus actuaciones en este asunto. Además, insistió que el expediente para la concesión había pasado por la Mesa de Contratación y la decisión adoptada, en relación al mismo, había contado con el respaldo de todos los miembros de la Mesa quienes, presumiblemente, serán citados a declarar próximamente.