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Tres años después de que se incoaran diligencias a raíz de una denuncia presentada ante Fiscalía por el exsecretario general del Partido Socialista, José Antonio Carracao, el procedimiento por, presuntas, irregularidades en varios contratos relacionados con el cementerio de Santa Catalina y la empresa ACC va a quedar archivado al no haberse encontrado indicios de criminalidad. Así lo han asegurado a EL PUEBLO fuentes judiciales que han precisado, además, que queda pendiente que, en los próximos días, se dicte la correspondiente resolución judicial de archivo y se dé traslado a las partes. En la causa estaban siendo investigados, por un presunto delito de prevaricación administrativa, dos exmiembros del Gobierno, Francisco Márquez y Manuel Blasco Léon.
Hasta este momento, el Juzgado de Instrucción nº 1 se encontraba investigando el pago a una empresa ceutí por un total de 210.000 euros. La cantidad, abonada a razón de 21 facturas de 10.000 euros cada una, fue en concepto de mantenimiento del cementerio de Santa Catalina entre los años 2009 y 2012.
El germen de estas pesquisas se encontró en dos actuaciones directamente vinculadas: la construcción de nichos en el cementerio, cuyas obras fueron encomendadas a otra empresa ceutí mediante un decreto de emergencia con fecha de abril de 2009 y a consecuencia de las inundaciones producidas meses antes; y el mantenimiento derivado de esas obras.
El exconsejero de Hacienda, Francisco Márquez, declaró sobre este asunto el pasado mes de mayo. Una declaración en la que el exdiputado descargó su responsabilidad en la Consejería de Presidencia. También señaló que, desde octubre de 2011 y para quitarle trabajo, las competencias en materia de contratación estaban delegadas en otra persona.
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