El COACE no "entiende ni comparte" la necesidad de retrasar más aún la aprobación provisional del PGOU
Tras la reunión mantenida la pasada semana entre el consejero de Fomento, Néstor García y los representantes de los Colegios de Arquitectos (COACE) y Abogados, la Confederación de Empresarios, y la Asociación de Promotores, para tratar la situación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el COACE afirma no entender ni compartir la necesidad de retrasar más aún su aprobación provisional.
En primer lugar, Néstor García aseguró a los presentes que "el PGOU es un objetivo prioritario de legislatura para el Gobierno, que él es enemigo de los plazos, pero quiere aprobarlo provisionalmente en 2017", para seguidamente revelar los motivos del último retraso.
En este sentido, los tres motivos son "la actualización del vuelo de 2014 y la digitalización en formato GIS que los técnicos quieren incorporar al PGOU antes de su aprobación, el estudio para definir la línea edificatoria en el tramo urbano de las carreteras nacionales que se ha licitado por parte de la Dirección General de Carreteras, a solicitud de los técnicos de la Consejería, y estaría para octubre, además del vial Puerto-Frontera que el secretario general de Infraestructuras del MFOM, Manuel Niño, dice que hay que incorporar al PGOU y que la subdirectora general de Urbanismo del MFOM, Ángela de la Cruz, asegura que no lo va a permitir.
Según trasladó el consejero, los informes sectoriales "no parece que supongan un problema", en principio, para la aprobación del PGOU, aunque reconoció que "afectan a casi todo el territorio, que algunas cuestiones que plantean son incompatibles y que aún faltan dos de ellos". Al hilo de tales manifestaciones, Luciano Alcalá, miembro de la Junta de Gobierno del COACE, tomó la palabra para hacer un recorrido por las servidumbres aeronáuticas, de carreteras, de costas, etc., haciendo ver que la normativa sectorial vigente (alguna, preconstitucional) no es inamovible y que existen diversos resquicios legales para intentar actualizar, adaptar, reducir –e, incluso, eliminar– varias de estas limitaciones".
El COACE, en su comunicado, destaca que "Néstor García escuchó muy atento los planteamientos y pretendía que se los explicáramos a sus técnicos, pero no parecía prudente, además de que ellos mismos podrían llegar a unas conclusiones similares leyendo y analizando la legislación vigente". En todo caso, el consejero "se mostró muy orgulloso de lo que había conseguido negociando en Madrid –de igual a igual, según manifestó– y no parece que tenga ninguna intención de aclarar y mejorar la situación de las severas limitaciones sectoriales, al menos hasta que se apruebe el PGOU".
No obstante, sobre la triple motivación del retraso, el COACE opina que "un sistema de información geográfica o SIG (en inglés, GIS) es un software específico que permite a los usuarios crear consultas interactivas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información territorial referenciada, conectando mapas con bases de datos", añadiendo que "aunque la cartografía utilizada a lo largo de la tramitación del PGOU sea de 2004, su sistema geodésico de referencia es adaptable al vigente de 2007 y la estructura de capas y entidades del formato DWG permite pasar de CAD a GIS sin problemas. Por lo tanto, ni el vuelo ni el GIS serían imprescindibles para la aprobación del PGOU y se podrían implementar cuando entrara en vigor", subraya.
Pero hay más, porque en febrero de 2016 se licitó el servicio de elaboración de una cartografía SIG a escala 1:500 de la Ciudad de Ceuta [BOCCE N.º 5545, de 05/02/2016] que fue adjudicado a COTESA con fecha 12/05/2016, debiendo estar terminados los trabajos el 07/11/2016 según dicho contrato, "por lo que no parece lógico que se necesite casi un año para trasladar la información del PGOU desde su soporte digital a dicha cartografía actualizada".
Frente al estudio de delimitación de tramos urbanos previsto en el art. 11.2 de la Ley de Carreteras que fije la 'línea límite de edificación' y los bordes exteriores de la 'zona de dominio público' y de la 'zona de servidumbre' de las carreteras del Estado en Ceuta, el COACE señala que "cabe oponer la cesión de las vías urbanas que contempla el art. 49 de dicha Ley, las cuales define claramente el Anexo I al que se refiere su art. 2 [«cualquiera de las que componen la red interior de comunicaciones de una población»]".
Por último, en relación con el proyecto del vial Puerto-Frontera que "arrinconó" la ministra de Fomento Ana Pastor "y ahora parece haberse resucitado" (aunque en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 publicados en el BOE del pasado miércoles 28/07/2017 no figura nada al respecto), "debería aclararse la disensión interna de los altos cargos del Ministerio de Fomento a la que alude el consejero, para incluir este importante sistema general viario en el PGOU o prescindir de él definitivamente".
En consecuencia, desde el COACE "no se entiende ni comparte la necesidad de retrasar más aún la aprobación provisional del PGOU por tales motivos". Pero, además, para evitar las incompatibilidades derivadas de las múltiples servidumbres y limitaciones que impone la diversa normativa sectorial, "sería conveniente y necesario definir la estrategia adecuada y elaborar los oportunos dictámenes que analicen la legislación vigente en materia de Defensa, Costas, Carreteras, etc. para hacer las pertinentes propuestas a la Administración del Estado –negociando con cada estamento en términos de paridad–, con el objetivo de revisar y actualizar ciertos criterios obsoletos que subyacen en algunas de las leyes en vigor para aplicar sus preceptos con la deseable racionalidad y sin necesidad de recurrir a las modificaciones legislativas", concluye.