Marruecos, el éxito sanitario ahonda en la crisis económica e incrementa el riesgo de revueltas

La debacle económica ahondará aún más las enormes desigualdades sociales, más acentuadas que en cualquier país europeo. “Como marroquíes nos basta con observar la situación en el Rif –en esta región las carencias acumuladas durante décadas provocaron una revuelta social– para vislumbrar los riesgos que corremos”, escribía el 3 de mayo el príncipe Moulay Hicham, primo del rey Mohamed VI, en el diario belga Le Soir. Su advertencia sobre el riesgo de convulsiones sociales suscitó una salva de críticas por parte de la prensa oficialista.

Si las perspectivas económicas son malas, las sanitarias son buenas. “Tras más de un mes de confinamiento, la situación global está relativamente controlada”, recalca el informe de la Primature. Este sábado a mediodía, tan solo había 5.873 contagiados y 186 fallecidos, según el recuento oficial. Por eso está previsto que la desescalada empiece el 20 de mayo.

Tal resultado sólo ha podido ser alcanzado mediante medidas más drásticas que en cualquier país europeo, a veces hasta despiadadas con un sector de la población. Casi 28.000 marroquíes que, a mediados de marzo, estaban de viaje por el extranjero –de turismo, para visitar a familiares y someterse a tratamientos médicos– no han podido regresar a su país que cerró de sopetón herméticamente sus fronteras.

En la Península y las islas se han quedado varados al menos 1.700 marroquíes, buena parte de ellos en Algeciras, a los que hay que añadir cerca de 700 entre Melilla y, sobre todo, Ceuta. No figuran en el recuento marroquí porque Rabat no reconoce la soberanía española sobre ambas ciudades. Muchos de ellos carecen ya de recursos y viven en alojamientos puestos a su disposición por los ayuntamientos y de ayudas de asociaciones caritativas laicas y musulmanas o de la Embajada de Marruecos.

Ningún otro país –excepto Burundi- se ha comportado así con sus ciudadanos vetando la entrada de los que se presentaban en sus fronteras terrestres. “La negativa a repatriarlos ilustra la lógica del desprecio que inspira las decisiones políticas” que se toman en Rabat, denunciaba Merouan Mekouar, profesor de origen marroquí de la Universidad de York (Toronto), en el diario francés Libération.

Conscientes de que su sistema sanitario es frágil –tan solo efectúa unos 2.000 tests diarios– y corre el riesgo de quedar colapsado, las autoridades marroquíes aplican un confinamiento radical. Incluye un toque de queda nocturno y la obligatoriedad de llevar mascarilla en los lugares públicos. El Estado las subvenciona para que se vendan a 0,80 dirhams (7 céntimos de euro) al tiempo que impulsa su fabricación. Ya se producen a diario, en 19 plantas textiles, siete millones de unidades. Como sobran para el consumo interno, Marruecos ha empezado a exportarlas.

A los infractores del encierro doméstico les pueden caer multas de entre 25 y 120 euros y hasta tres meses de cárcel. Un comunicado de la fiscalía señalaba, el 1 de mayo, que 49.274 personas habían sido procesadas por infringir el confinamiento. De ellas 2.379 estaban incluso encarceladas porque habían aprovechado sus salidas para cometer delitos.

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