Aliviar la presión migratoria
Ceuta sigue siendo un punto crítico de la presión migratoria en España. Con más de 400 menores migrantes no acompañados bajo su tutela y una capacidad máxima de 132 plazas, la ciudad autónoma se enfrenta a una situación insostenible. Estos niños, lejos de sus familias y de su país, necesitan protección, educación y una integración adecuada, pero el peso de esta responsabilidad está desbordando a los servicios locales. El reparto extraordinario propuesto por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, podría ofrecer un respiro inmediato, aunque no una solución estructural.
El acuerdo alcanzado entre Torres y el presidente canario, Fernando Clavijo, para reubicar a 400 menores de Ceuta a otras comunidades autónomas parece razonable y urgente. Sin embargo, para que esta medida prospere, el PP debe dar su visto bueno en el Congreso. Los tienen populares ahora la oportunidad de demostrar que su compromiso con Ceuta no es solo retórica. La ciudad, que ha sido un muro de contención frente a la migración irregular, merece más que discursos vacíos; necesita hechos.
La realidad de Ceuta es dura. Con recursos limitados y una presión migratoria constante, la tutela de menores no acompañados supone un reto que desborda lo económico. Afecta también a la cohesión social y al funcionamiento de los servicios básicos. Las comunidades autónomas deben asumir su parte de responsabilidad en esta emergencia humanitaria, y no puede permitirse que el criterio de “solidaridad demostrada” quede solo en palabras.
Por supuesto, esta reubicación extraordinaria es solo un parche. Sin la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que obliga a todas las comunidades a colaborar en situaciones de emergencia, el problema volverá a repetirse. Pero mientras se debate esta reforma, Ceuta y Canarias necesitan soluciones inmediatas, sin excusas ni reticencias.
El tiempo apremia. Los diez días fijados para concretar el reparto son un plazo breve, pero suficiente si hay voluntad política. El PP debe entender que su inacción o rechazo no solo pone en jaque a Ceuta, sino también a la credibilidad de España como país que respeta los derechos humanos. Ahora es el momento de actuar.
