Ceuta y Melilla: pacientes de segunda categoría
Han pasado casi dos años desde que el Real Decreto 118/2023 puso sobre la mesa una solución para paliar la escasez de médicos en Ceuta y Melilla. La declaración de “zonas de difícil cobertura” parecía, en aquel entonces, un paso firme hacia la igualdad en el acceso a la sanidad. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto esperanzador ha derivado en una historia de promesas incumplidas, presupuestos congelados y pacientes desamparados. Mientras el Congreso sigue atascado en su incapacidad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el tiempo corre en contra de estas dos ciudades autónomas, cuyas necesidades siguen sin ser atendidas.
En este callejón sin salida, los sindicatos, que inicialmente celebraron la iniciativa, ahora ven cómo la norma se desgasta antes de cumplir su propósito. Con una fecha de caducidad en febrero de 2026, la declaración como “zona de difícil cobertura” se encamina a ser otra oportunidad perdida. ¿Qué ocurrirá cuando la norma expire y los incentivos sigan sin aplicarse? La respuesta es tan predecible como desalentadora: los pacientes de Ceuta y Melilla serán, una vez más, los grandes perjudicados.
El problema no es solo económico. Los incentivos deben ir más allá de los números en una nómina. Los profesionales que se animen a ejercer en estas ciudades deben contar con formación continua, acceso a investigación, y condiciones que les permitan crecer profesional y personalmente. No se trata solo de atraer médicos, sino de retenerlos. Sin embargo, en lugar de fortalecer estas bases, el sistema les exige trabajar al límite.
El contraste con otros territorios es alarmante. Lugares como Ibiza han demostrado que, con voluntad política, es posible revertir situaciones similares. Allí, un sistema de incentivos transformó un servicio de oncología desmantelado en un equipo de cinco especialistas en menos de un año. Entonces, ¿por qué Ceuta y Melilla no pueden aspirar al mismo “milagro”? La respuesta radica en la inacción y la falta de prioridad que el Gobierno central parece otorgar a estas ciudades, siempre relegadas a un segundo plano.
El tiempo se agota. Los pacientes y los profesionales de Ceuta y Melilla no pueden seguir esperando. Si la voluntad política no se traduce en acciones concretas pronto, esta historia quedará como otro ejemplo de cómo el Estado ha abandonado, una vez más, a sus ciudadanos más vulnerables. Y mientras tanto, el norte de África seguirá siendo un desierto médico donde ni siquiera los incentivos, tardíos y mal planteados, podrán aliviar la situación.
