Karima Aomar: «La ley del suelo es del 56: ¿Ceuta no ha cambiado?»

Pregunta.- En poco más de un año la construcción parece haber recibido en Ceuta algunas buenas noticias. La Asamblea aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, más recientemente, una rebaja de impuestos que beneficia directamente al sector. El Gobierno local ha sacado adelante su plan de vivienda para el periodo 2025-2028. El proceso para la cesión por Defensa a la Ciudad de 100.000 metros cuadrados de terrenos continúa adelante. ¿Qué expectativas tiene el sector ante este nuevo escenario?

Respuesta.- Este año ha sido cuando se ha empezado a ver el fruto de todas las reivindicaciones que llevamos haciendo desde hace años. Porque esto no viene de hace uno, dos o tres, esto lo llevamos pidiendo desde hace ya muchísimo tiempo.

Empecemos por el Plan General de Ordenación Urbana. Tras más de veinte años esperando, al final se ha aprobado. Ya lo he comentado en alguna otra ocasión: en un año no se pueden esperar resultados, lo que no significa que el PGOU no vaya a servir de ayuda. Lo que ocurre es que todavía quedan cosas por hacer para que se pueda percibir su efecto económico favorable. Intentaré explicarme.

Tenemos el nuevo plan de vivienda 2025-2028 que acaba de aprobar la Asamblea. Un punto a favor de la Ciudad, todo sea dicho. Pues bien, estábamos pidiendo que se abriera una oficina técnica dedicada a resolver todas las incidencias relacionadas con el PGOU. Ahora parece que se va a destinar a un arquitecto a esta oficina. Lo que sería deseable en este momento es que esa oficina dé soluciones reales a las personas que acudan allí a hacer consultas y plantear sus problemas. Lo que no queremos es que se responda a quien llegue allí: “Esto es lo que hay”.

¿Por qué planteo que esa oficina pueda llegar al extremo de verse incapaz de resolver de manera real problemas reales? Porque no existe una ley del suelo que proporcione margen de actuación al PGOU.

Tenemos un PGOU, aprobado, es cierto, pero padecemos una ley del suelo que no nos ampara, que no ayuda, que no resuelve problemas. Y todo está correlacionado.

P.- Me describe la política urbanística como un puzle donde es necesario hacer encajar todas las piezas, y me dice que a Ceuta le faltan piezas de ese puzle. ¿Cuáles son las consecuencias de contar con un rompecabezas incompleto?

R.- Hablamos de piezas que han de poder acoplarse para que Ceuta comience a funcionar con una ordenación urbanística en condiciones. El plan de vivienda está muy bien pero, ¿qué hay de los particulares? ¿Qué pasa con quien tiene una parcela y quiere construirla? ¿Qué pasa con quien tiene una vivienda legalmente construida y quiere reformarla o ampliarla? Pues que no puede hacerlo porque se ve limitado. Otra cosa sería si existiese una ley del suelo que atendiese necesidades reales.

¿Qué significa esta situación para el sector? Pues que los constructores no trabajan porque no hay obras. El plan de vivienda está muy bien para grandes construcciones, para los promotores, para las subcontratas… Pero el día a día de un constructor no es esperar diez años a que se apruebe un plan de vivienda. El día a día de un empresario de la construcción es la reforma de un cuarto de baño, la adjudicación directa de una obra pequeñita, la ampliación de una vivienda particular… Y eso los constructores de Ceuta no lo tenemos a día de hoy.

La cosa no es tan sencilla como decir que tenemos un PGOU nuevo y, por tanto, ya está todo solucionado. O tenemos un plan de vivienda, y ya no hay problemas. Desde luego, no hay que negarlo, son pasos que se han dado. Pero quedan más pasos por dar.

P.- Ustedes son los impulsores, junto a otras entidades como el Colegio Oficial de Arquitectos, de una iniciativa que reclama al Gobierno local que traslade al central la necesidad de dotar a Ceuta de una ley de suelo específica. ¿Por qué la actual ley del suelo resulta un obstáculo para el desarrollo urbanístico de la ciudad?

R.- La ley del suelo que se aplica en Ceuta es del año 1956. ¿Es que Ceuta no ha cambiado nada desde entonces? Hubo una reforma reciente, de 2007, que no incluyó las necesidades de la ciudad, y luego se dio una revisión legislativa en 2015, que tampoco lo hizo. Sin una ley que nos ampare, el PGOU no puede aplicarse al cien por cien.

Una ley del suelo se hace para garantizar un desarrollo urbano ordenado que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso en Ceuta no se está dando. Aquí se construye a diestro y siniestro, sin una ordenación urbanística. Vas a algunos barrios periféricos y ves que hay viviendas donde los patios se comunican, balcones que hacen sombra al balcón del vecino, arquetas municipales dentro de espacios de viviendas privadas. Eso no responde a una ordenación urbanística. Eso no es ordenación urbanística.

Añado un dato más. El concepto de objetivos de desarrollo sostenible se describe en el informe de la Comisión de Brundtland de 1987, donde se define como un desarrollo que tiene que satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de hacer lo propio con las suyas. ¿Qué significa eso? Que lo que yo construya hoy no signifique dejar todo patas arriba a los que vengan después. Tenemos ahora la oportunidad para que eso no pase.

P.- Recientemente, el Gobierno de la Ciudad ha conseguido el respaldo de la Asamblea para promover una iniciativa dirigida a rebajar los impuestos a los empresarios del sector de la construcción. Algunas voces criticaron que esta era una medida sin ningún alcance social, una medida que tan solo beneficiaría a las empresas…

P.- La gente puede pensar que estas reducciones de impuestos benefician exclusivamente al empresario o al promotor. Es un error. Lo que favorece esta reducción de impuestos es que el promotor y el constructor puedan ofertar más barato. Así, el beneficiario final, que es quien compra o reforma una vivienda, también puede pagar un precio más barato. Si la gente ve que puede contratar los servicios de un constructor por menos dinero que años atrás se animará a construir más, a reformar su vivienda, lo que, a su vez, permitirá a los constructores tener más trabajo.

La bajada de los impuestos beneficia al sector de la construcción, sí, pero porque ahora en lugar de uno nos podrán contratar dos, tres o cinco. Y todo eso es, además, un potencial de creación de empleo. Cuanto más trabajo tenga un empresario, más mano de obra contratará.

R.- Otra de las más antiguas denuncias del sector se refiere a la política seguida por la Ciudad en sus adjudicaciones de obra pública, gran parte de la cual acaba recayendo en manos de la sociedad estatal Tragsa por encomienda directa. ¿Cómo perjudica esta práctica a los empresarios de la construcción?

R.- Eso se llama abuso de medios propios. Es una práctica que se lleva gestando en la ciudad desde hace mucho tiempo. El uso de Tragsa como medio propio está resultando abusivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha atendido los argumentos de la asociación de constructores de esa comunidad autónoma contra la adjudicación de unas obras a Tragsa. Los constructores denunciaban que el objeto social de la sociedad estatal no era la construcción. Y el Tribunal ha dictado sentencia, les ha dado la razón y ha anulado el encargo directo a Tragsa para la construcción de un edificio.

Para adjudicar un trabajo a Tragsa han de cumplirse algunos requisitos: que el encargo esté justificado en términos de eficiencia económica, que existan razones de urgencia o de seguridad pública y que los trabajos se ajusten a la actividad que se recoge como objeto social. Y el de Tragsa no es trabajar en el casco urbano ni en edificios ni en obra civil. Y todo eso se está haciendo aquí.

Hace unos meses el consejero de Fomento se comprometió a reducir las encomiendas a Tragsa. Ahora estamos esperando a ver qué pasa.

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