Un conflicto entre ProCeuta y la dirección provincial del MEFP acaba en los tribunales

Un conflicto ha aflorado entre ProCeuta y la dirección provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) desde que Miguel Señor está al frente. La academia asegura que le están poniendo trabas a la hora de homologar los diplomas de formación a sus clientes, algo que desde el órgano de representación del Gobierno en la ciudad autónoma niegan en rotundo a este diario. El problema ha escalado a tal magnitud que la entidad -investigada por la UCRIF por una supuesta “falsedad documental” en algunos cursos- ha decidido denunciar y, según fuentes consultadas por este medio, la jueza ha admitido a trámite la querella por “prevaricación”. Ambas partes deberán declarar este 20 de mayo. “Estamos tranquilos”, explican desde la institución pública.

Los problemas para ProCeuta comenzaron con la destitución fulminante en enero de 2024 de Yolanda Rodríguez, por aquel entonces directora provincial del MEFP. El cargo lo asumió Señor en febrero y, según cuentan desde la academia, comenzaron los escollos y “comportamientos anómalos” para homologar los certificados profesionales sobre diferentes formaciones, desde vigilancia privada hasta limpieza. “Empezaron a exigirnos cosas que no vienen en la ley. Aplican normas que están derogadas”, denuncian.

Expresan desde ProCeuta que a la vista de las trabas iniciales deciden elevar al Ministerio de Educación toda la documentación requerida para llevar a cabo los cursos. “Nos dijeron que todo estaba bien”, subrayan. Es entonces cuando, según cuentan, informan a la dirección provincial, pero “nunca” contestaron a sus solicitudes, por lo que la academia comenzó sus clases de enseñanza debido al “silencio administrativo” por parte de la institución que lidera Señor.

El punto de “elevar al Ministerio” la documentación, desde la dirección provincial, según transmitieron a este diario, se pone en duda: “No tiene sentido porque nosotros somos los que tramitamos. Si ellos dicen que han llevado toda la documentación y no les hemos puesto pega, nosotros lo que hacemos es elevarlo. Y en todo caso es la Secretaría General la que hace la resolución de autorización de inicio o no”, argumentan.

Se refieren desde la dirección provincial a que ellos son los que se encargan de hacer las visitas a las instalaciones de las diferentes entidades para comprobar de primera mano si se cumplen los requisitos. Revisan, por ejemplo, que los formadores cuenten con las habilitaciones correspondientes o que el alumnado cumpla con los criterios de acceso en cada caso.

”Ese tipo de cosas las tramitamos nosotros. Y en caso de que detectemos algún elemento a subsanar, les notificamos a ellos para que lo subsanen”, aclaran. Una vez arreglado y con toda la documentación necesaria, continúan, se lleva a la Secretaría General y lo vuelven a supervisar.

El trasfondo

El trasfondo del conflicto entre ProCeuta y la dirección provincial de Educación se basa en una información que publicó un medio local hace una semana y que ha podido confirmar este diario en la que aseguraba que hay una investigación en fase de instrucción que ha llevado a cabo la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF). En el procedimiento se analiza una presunta “falsedad documental” organizada por la academia que, supuestamente, facilitaba cursos a migrantes, previo pago, con los que luego podían conseguir un permiso de residencia por un año en España.

Al saltar la voz de alarma, es probable que la dirección provincial parara las homologaciones de algunos cursos bajo sospecha ante el ‘coladero’ de migrantes sin conocimiento de español que estaban solicitando el permiso de residencia por arraigo tras superar las formaciones. Sobre este asunto ProCeuta es clara:

“En el contencioso -administrativo- nos están diciendo que estamos homologados para dar los cursos y se da un certificado de matrícula de un curso en el que está homologado. Con lo cual, el cliente ha cumplido. Nos están dando la razón con el curso al menos”, zanjan. Por su parte, los afectados han visto cómo pagaban por una formación que luego, oficialmente no les servía. Tampoco para solicitar el permiso de residencia.

“Nos ocupa, pero no nos preocupa”

La dirección provincial admite que este asunto por el que tendrán que ir a los tribunales les “ocupa”, pero matizan que no les “preocupa”. “Estamos tranquilos”, confirman a este diario. La institución que lidera Señor confía en lo “estrictamente” rigurosos que son a la hora de examinar las documentaciones antes de elevarlas a algún órgano superior. “Somos los ojos del Ministerio de Educación en Ceuta”, recuerdan.

Insisten desde la institución pública en que no poseen competencias para decidir ni para resolver. “Es la Secretaría General de Formación Profesional y luego se eleva a los Servicios Centrales. Son ellos los que dan la acreditación, nosotros somos organismos tramitadores”, recalcan.

Sobre el supuesto “silencio administrativo” que denuncian desde ProCeuta, la dirección provincial también se pronuncia: “Si la administración excede de los plazos que tiene estipulado, cualquier ciudadano, lógicamente, puede reclamar silencio administrativo. Y se concede o no si procede. Nosotros estamos tranquilos porque hemos seguido las instrucciones de los Servicios Centrales”.

Fuentes de la dirección provincial creen que el conflicto con ProCeuta posiblemente tenga que ver con el tipo de certificado que se imparte, aunque puntualizan algunos pasos “esenciales” que tiene que pasar una entidad privada para ofrecer ese título profesional público.

Por un lado, la propia empresa tiene que pasar unos requisitos en cuanto a instalaciones o espacios, entre otras cosas -algo que se encarga de revisar la dirección provincial-. Por otro lado, recuerdan, el catálogo de certificados es “amplísimo”, por lo que para cada uno de ellos la entidad acreditada debe cumplir unos requisitos particulares. Por ejemplo, para impartir una formación en hostelería el lugar debe tener cocina.

Cada vez que se va a iniciar una formación correspondiente a ese certificado -previamente autorizado- tiene que cumplir con otros requerimientos como que los formadores que lo vayan a impartir tengan las habilitaciones y que el alumnado que lo vaya a recibir tenga los registros de acceso. Lo que ha podido pasar, resaltan desde la institución pública, es que se haya solicitado por parte de la entidad una autorización de inicio de un certificado que tenían aprobado. “Que lo hayan venido impartiendo no quiere decir que se puedan iniciar certificados del mismo tipo continuamente. Cada uno está sujeto a revisión”, zanjan. En cualquier caso, Proceuta y la dirección provincial se verán las caras en los tribunales.

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