El Gobierno ya teme escollos de las comunidades del PP para el reparto de menores

Hace menos de una semana desde que salió adelante en el Congreso el Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería que tanto se había estancado para obligar a las comunidades autónomas a aceptar a menores no acompañados de otras regiones sobreocupadas y ya están surgiendo los primeros problemas. El Gobierno ya teme escollos de los territorios gobernados por el PP -la mayoría de los que deberán acoger niños solos extranjeros-. Según publica este martes el diario El País, que ha tenido acceso al borrador del reglamento que desarrolla el Ejecutivo, el Estado ya prepara posibles consecuencias ante el incumplimiento de la nueva norma.

De momento son seis las comunidades autónomas que han anunciado recursos de inconstitucionalidad contra la obligación de la “solidaridad” recién aprobada para el reparto: Madrid, Galicia, Andalucía, Aragón, Castilla y León y Cantabria. Más allá de esos problemas legales, El País cita a fuentes gubernamentales que admiten que puede haber “incumplimientos” de según qué regiones que actúen con rebeldía, lo que dejaría en un limbo a los niños en pleno traslado.

Aunque aún el borrador al que ha tenido acceso el medio nacional es “preliminar” y no recoge concretamente las consecuencias a las que se enfrentarían esas comunidades, sí se contemplarán esos escenarios y los mecanismos de respuesta en el reglamento definitivo.

Según el texto que publica este martes el diario de PRISA en el que se apoya en fuentes del Gobierno, el Ejecutivo tiene en mente involucrar durante todo el proceso de reparto a la Fiscalía, último garante de los derechos de los niños y que puede actuar de oficio. “La aspiración es que esté presente desde que se decide la reubicación hasta que llega al nuevo centro de acogida”, explican. ¿Qué responsabilidad puede exigirse a la correspondiente administración o empleado público? Esa es una de las situaciones hipotéticas que también analizarán los elaboradores del reglamento.

La reunión sectorial de Infancia para analizar el reglamento está prevista para el próximo 28 de abril, por lo que en los próximos días los diferentes ministerios implicados deberán enviar a Juventud sus aportaciones al texto. El borrador de seis páginas -de momento- que cita El País prevé que en una situación de contingencia migratoria, cada nuevo menor que llegue deberá ser entrevistado en un plazo de 48 horas y la comunidad autónoma deberá elaborar un informe en el mismo periodo de tiempo.

La persona que reciba ese informe será la encargada de la delegación del Gobierno, competente para resolver los procedimientos y proponer las comunidades de destino según las plazas disponibles. Esa primera opción no es definitiva, sino que se debe tener en cuenta la opinión del menor y de la región a la que se prevé destinar al niño. “De hecho, es posible que el joven se oponga a esa reubicación y, en ese caso, se debería activar a la Fiscalía para que emita su informe en un plazo máximo de 48 horas”, cita el medio nacional.

El borrador también define que la responsable de trasladar a los menores —de uno en uno o en grandes grupos— será de la comunidad que los acoge, algo que puede ocasionar polémica debido a la teóricamente superioridad logística con la que cuenta el Estado.

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