La FPAV avanza que renunciará desde junio a la gestión de las Brigadas Verdes

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) ha anunciado su decisión de renunciar desde el próximo junio a la gestión de las Brigadas Verdes, un servicio que viene prestando desde hace años al amparo de un convenio suscrito con la Ciudad que garantiza su financiación. En un comunicado, la directiva de la organización vecinal justifica su resolución en lo que considera la “pasividad” de las autoridades municipales para integrar la plantilla en la estructura de la Ciudad.

El Gobierno municipal se comprometió en su día a buscar una fórmula legal que avalase el cambio de estatus de los 117 trabajadores de las Brigadas Verdes para que pasasen a depender de la Administración local. El comité de empresa insistió en la incorporación de la plantilla a la por entonces recién constituida Servilimpce, empresa pública de limpieza, una pretensión rechazada por la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Recientemente, el consejero Alejandro Ramírez avanzó que el Gobierno seguía estudiando alternativas para que la Ciudad asumiese la responsabilidad sobre estos trabajadores, aunque descartó la posibilidad de que fuera a crearse una nueva sociedad municipal para este fin.

“La situación actual es insostenible”, sostiene en su nota la FPAV. Los dirigentes vecinales aseguran ser objeto de “amenazas continuas e insultos” y acusan a la Ciudad de “poca claridad” en el pago mensual de la subvención que recibe para sufragar el coste del servicio. Según la Federación, esta situación dificulta planificar el pago de las facturas a los proveedores.

El proceso iniciado para la integración de la plantilla en la estructura municipal supuso la adhesión de los trabajadores al convenio laboral de jardinería, una nueva circunstancia que, según subraya FPAV, ocasiona gastos añadidos.

La entidad también se ha referido a las denuncias cursadas ante la Inspección de Trabajo para el abono a los empleados de varios de los complementos recogidos en este convenio, un sobrecoste que estima en más de 300.000 euros.

“Deseamos que la Ciudad actúe en consecuencia y desarrolle inmediatamente un grupo de trabajo que asuma la gestión de las Brigadas Verdes y libere a la Federación de una tarea impuesta que en estos momentos es imposible de gestionar”, concluye la nota.

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