La Fiscalía dibuja a Alonso G. como un maltratador y un mentiroso que mató a su mujer a conciencia

La Fiscalía conformada en la vista contra el supuesto asesino de María de los Ángeles L. en 2022, el policía local Alonso G., lo ha dibujado como un maltratador, un mentiroso y ha señalado que mató a su esposa a conciencia. En la misma línea, desacreditó las periciales de la defensa y a los familiares del acusado, aunque también aceptó la atenuante de problemas mentales leves, por lo rechazó que afectaran al agente en el momento del crimen de Parques de Ceuta. Tras la modificación de penas y en la exposición de su informe definitivo, el Ministerio Público respaldó las declaraciones de la menor -M-G.L.- testigo y víctima de la muerte de su madre, y también defendió el resto de los delitos imputados al varón investigado que elevan la petición de penas a superar los 40 años de prisión, como el maltrato habitual, que "llevado al extremo" causó el presunto feminicidio.

Antes de exponer su informe, la Fiscalía añadió en la mañana a su escrito de calificación inicial agravantes como la violencia de género, el parentesco entre los implicados o los daños mentales "irreparables" de la testigo del disparo mortal contra su madre. Estas fueron compensadas con la atenuante leve del trastorno psíquico del acusado, únicamente recogida por el Ministerio Público. Las fiscales también añadieron la indignidad para heredar del policía los bienes de su esposa, algo contemplado inicialmente por el letrado que representa a los familiares de la víctima. Este trámite previo a la exposición de los informes finales responde a las pruebas aportadas y a las conclusiones de las partes durante el desarrollo de la vista, que ya se ha prolongado durante ocho días hábiles. Las penas solicitadas por los cinco delitos que se le imputan al acusado pueden elevarse por encima de los 40 años de prisión.

Tras este trámite y tras horas de espera, la fiscal ponente detalló su informe basándose principalmente en la credibilidad demostrada por M.G.L en su testifical espontánea a un agente de la UFAM apenas 10 minutos después del crimen, otra en comisaría y otra en el juzgado de Instrucción el 15 de marzo, solo un día después de la muerte de Mari Ángeles. Contrastando su relato con el resto de pruebas, el Ministerio Público ha insistido en que la menor nunca ha estado en calidad de investigada por la justicia por la coherencia y la verosimilitud de todas estas declaraciones, y que su testimonio es clave para determinar qué pasó en un escenario que la médico forense definió como "de supervivencia o de combate" y en el que "todos se movieron en función del movimiento que hiciese el otro".

"Ella nunca ha negado un forcejeo en el segundo disparo y siempre se ha referido en intentar quitarle el arma a su padre (...) Se pidió que dedujéramos por falso testimonio a la niña por si había mentido, pero nunca hubo base legal para imputar a la joven (...) Además, nunca pusieron la denuncia sobre este asunto cuando han podido en todo este tiempo. Ella es testigo y víctima, tratada así por todos menos por su padre, que quiere imputarla", señaló la funcionaria judicial, recordando que ella fue la única que ha situado a todos los actores en aquella cocina y que él mató a su esposa "exclusivamente por ser mujer" y que no han podido confrontar la declaración del agente.

"El relato del acusado es falso, ilógico y en contra de la razón de la conducta humana" en el momento en que dice que discutió con su esposa con un arma en la mano, defiende el Ministerio Público, que lo hace único responsable que la pistola estuviera cargada y ve esto como una muestra más del maltrato habitual ejercido durante años contra la víctima. En la misma línea, la Fiscalía ha descartado la versión del accidente esgrimida por la pericial de la defensa, que no tuvo en cuenta todas las pruebas para recrear la escena del crimen en el caso del experto en balística José Jiménez Planelles -como las llamadas a Emergencias en las que Alonso reconoce en primera persona haber disparado- y en el caso del médico forense doctor José Cabrera, que se ha desdicho de parte de sus investigaciones.

También detalló pormenorizadamente el maltrato habitual cometido, las lesiones psíquicas "irreparables" de la joven y el delito contra su integridad moral, este último basado en las súplicas de la adolescente antes y después de que su padre supuestamente asesinara a su madre en su presencia. "Es más posible que pueda volver a ser víctima de violencia de género", recordó que le preguntó a las psicólogas, recibiendo una respuesta afirmativa.

No obstante, la fiscal fue aún más dura poniendo en duda la versión de la hermana del agente, que además es psicóloga, y que según ella es consciente de estar siendo "utilizada para desprestigiar a las víctimas". La funcionaria ha recordado que el testimonio de la familiar apuntaba a la niña como culpable consciente del asesinato de su madre por un móvil consistente en "hacerse un tatuaje o comprar productos para el pelo", ya que ella valoró que su sobrina "parecía muy contenta y feliz de lo que había pasado" cuando la vio después de los hechos, insistiendo en que disparó a Mari Ángeles porque quería "hacer lo que sus padres no le dejaban". "Me parece un auténtico despropósito y los psicólogos explicaron que reaccionó ante un estrés postraumático para intentar darle un poquito de normalidad a su vida. La joven necesitaba salir de una casa donde vive con dos impactos de bala", concluyó a este respecto.

Más de 40 años de prisión

La jornada comenzó a las 10:00 de la mañana con diversas modificaciones en el escrito inicial de la Fiscalía, entre las que trascendieron detalles como una "compensación" de las penas solicitadas al recoger las agravantes de parentesco y de género y también la atenuante leve del trastorno psíquico del agente.

El letrado de la acusación particular, Javier Cabillas, también añadió el delito contra la integridad moral de la adolescente a su solicitud de penas -algo que ya recogía el Ministerio Público-, lo que aumentaría su solicitud penal hasta superar los 40 años de cárcel. Por su parte, las fiscales incluyeron la indignidad de la sucesión de los bienes de Mari Ángeles para que Alonso no pueda heredarlos. La inclusión del nuevo delito por parte del abogado tuvo las consecuentes protestas de la defensa, que pidió la nulidad del juicio por esta razón al poder causar "indefensión" a su representado. Se ha denegado por la jueza la citada nulidad al haberse únicamente adherido la acusación a la solicitud de la Fiscalía.

Volitiva, no intelectiva

La jornada de tarde la siguió la fiscalía ultimando su escrito de conclusiones. Comenzó explicando el porqué de su modificación de pena argumentando que aceptan que Alonso G. tuviera afectadas sus capacidades de forma “leve”, por lo que no repercutieron en el supuesto crimen.

El Ministerio Público aceptó que las “capacidades volitivas”, de impulsividad, sí podrían haberse visto afectadas debido al trastorno de bipolaridad que sí reconoce la fiscalía a Alonso G., pero las “capacidades intelectivas” -saber distinguir el bien del mal- se mantuvieron intactas. Además, dejó claro la fiscal que se enteraron de los supuestos problemas mentales del acusado un año después del suceso, el 20 de marzo de 2023.

“Sus capacidades estaban en buen estado. Él nunca tuvo una merma absoluta. El atenuante leve es por el maltrato habitual”, explicó la fiscal refiriéndose a esa supuesta impulsividad derivada de su bipolaridad y que facilitó que apretara el gatillo aquel día.

Aunque la defensa insista en que Alonso G. entró a la cocina con la pistola para “amedrentar” a Mari Ángeles, algo que también sostienen sus peritos, la fiscal dejó claro este jueves que cargó y alimentó el arma, en medio de una discusión la portaba en la mano y se dirigió a la cocina -donde estaba su mujer- con el peligro que ello supone.

“Lo de amedrentar y no matar nunca lo ha dicho el acusado. Además, desde el momento en el que llega con el arma cargada, apunta a su mujer y tiene el dedo en el gatillo, todo lo que ocurra en esa cocina es responsabilidad suya”, expuso.

“La Ciudad Autónoma también es responsable”

Sobre la responsabilidad civil de la Ciudad Autónoma, el Ministerio Público fue claro. A pesar de que a lo largo de los 20 años que lleva sufriendo problemas mentales el acusado no hayan saltado las alarmas, la fiscalía cree que el control es insuficiente.

“Los controles que se hacen está bien como inicio -prueba psicosocial, de esfuerzo, analítica…-, pero esta persona tuvo dos retiradas de su arma en los años 2001 y 2007”, recalcó.

La última vez que retiraron el arma a Alonso G. fue en 2007 debido a que lo recomendó una médico de Otero a Recursos Humanos de la Ciudad por problemas de ansiedad del policía local.

“Cuando una persona ha tenido dos retiradas del arma tendrían que activar protocolos mayores de control sobre esa persona. No deja de ser un policía. Deberían de haber ejercido mayor control sobre el señor Alonso”, concluyó.

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