Guil admite que el acusado fue a la cocina con la pistola cargada, pero solo para “amedrentar” a Mari Ángeles

Al final de la jornada de este miércoles llegaron las conclusiones finales de la abogada del acusado de matar a su mujer en Parques de Ceuta de un tiro delante de su hija. Inmaculada Guil fue la última en intervenir y siguió la línea que había planteado desde el inicio del juicio: la hija entonces menor de Alonso G. se abalanzó sobre su padre tras escuchar una discusión, salir de su habitación y verlo en la cocina con su pistola reglamentaria en la mano. El arma se disparó “accidentalmente” e hirió mortalmente a la mujer del policía local. Admitió la letrada que su cliente llegó tenso y pegando gritos a su mujer por el extravío de una cita médica debido a que padecía un “brote psicótico” diagnosticado 11 días antes, pero con la pistola cargada y en la mano. La culpa, insistió, fue de la cría. “Mintió desde el primer momento”.

Estuvo horas tratando de convencer al jurado popular Guil, que echó el resto este miércoles para intentar rascar algo en el juicio por el crimen en Parques de Ceuta en 2022 y por el que las acusaciones piden para su cliente más de 40 años. No titubeó en su exposición, e insistió en que la hija del acusado mintió en sus declaraciones y culpó a su padre a conciencia tras un disparo accidental que mató a su madre y que propició ella tras un forcejeo. “Él es buen tirador. Si hubiera tenido intención le da en la cabeza o el corazón”, argumentó.

La abogada de Alonso G. dice que tenía un brote psicótico “agudo” que “anulaba sus capacidades mentales” aquel momento basándose en las declaraciones de la psiquiatra del acusado, que lo diagnosticó 11 días antes y le recomendó que se hospitalizara “inmediatamente”, pero él mismo se negó. Omitió Guil que su cliente mintió en reiteradas ocasiones a su médico, ya que durante 20 años de visitas irregulares nunca le dijo su nombre real ni que era policía local y que tenía un arma.

En este punto añade la letrada a otra culpable además de la hija: Mari Ángeles. Según Guil, ella prometió a la doctora aquel 3 de marzo que al día siguiente ingresarían a su marido en una unidad psiquiátrica para recibir su medicación “inyectada”, pero no lo hizo. “Lo que más sorprendió a la médico cuando se enteró del suceso fue que Alonso G. no estaba hospitalizado”, criticó. Poco después señaló al resto de la familia, conocedora de las enfermedades mentales del agente. Acusó a "todos" de mentir "por dinero", en referencia a la responsabilidad civil en juego, y al cierre de su alegato dijo que los familiares habían utilizado el racismo como arma por el mismo motiivo al asegurar que el policía local insultaba a los mercaderes muslmanes en su lugar de trabajo en Hadú.

A raíz del supuesto brote psiquiátrico diagnosticado 11 días antes, la abogada exculpa a su cliente argumentando que estaba alterado, tenso y crispado, y por eso comenzó una discusión con su mujer por una nimiedad como el extravío de una cita médica que tenía que presentar aquella jornada por la tarde en una clínica de fisioterapia de Algeciras por problemas de espalda. Necesitaba el resguardo, defendió Guil, para explicar su ausencia en el trabajo durante el horario laboral.

En medio de esa discusión, según Guil, su cliente fue a llevar la pistola a su cuarto -estaba en el salón-, pero Mari Ángeles empezó a llamarlo con insistencia, por lo que volvió. En este punto se entiende que hay contradicciones, ya que por un lado la abogada ha dicho que hubo una conversación normal entre ambos y que la niña lo “malinterpretó” al ver que portaba un arma, y por otro se ha aferrado a las declaraciones del perito doctor Cabrera -que se ha visto con Alonso G. una vez- y del psiquiatra forense de Sevilla -que se citó con él en la cárcel dos veces-. Ambos sostienen que llegó a la cocina con la pistola en la mano y cargada, pero solo para “amedrentar” a su esposa, por lo que el diálogo no era tan calmado según la otra versión.

El segundo disparo

Como ha sido habitual durante las ocho vistas del juicio, Guil trató de embarrar y confundir al jurado sobre algunos hechos. La niña menor a la que culpan de asesinar “accidentalmente” a su madre ha declarado hasta el momento tres veces: in situ en su casa -donde ocurrió el crimen-, en el Juzgado de Instrucción posteriormente y el pasado martes 22 de abril ante el tribunal.

En todo momento la niña ha mantenido el grueso de su versión y ha asegurado que cuando salió de su habitación al escuchar la fuerte discusión entre Alonso G. y Mari Ángeles vio a su padre apuntando a su madre. Lo intentó parar, pero disparó a quemarropa contra su mujer. Fue después cuando se abalanza sobre su padre y comienza un forcejeo que desemboca en un segundo tiro que impactó en la nevera.

Para Guil la niña miente y los agentes de la UFAM, especializados en la violencia familiar, hicieron mal su trabajo. “Es una testigo que no dice la verdad. No es fiable. Se contradice. No goza de credibilidad”, insistió.

Los agentes dijeron en todo momento que la menor era tratada como víctima tras ver un suceso trágico delante de sus ojos, pero Guil va algo más allá. Para argumentar que la cría miente se apoya en que, supuestamente, se equivocó en acertar dónde dio exactamente uno de los tiros y en que admitió que el segundo disparo, que fue tras un forcejeo e impactó en la nevera, no sabe quién lo efectuó exactamente fruto del rifirrafe.

En los audios de aquel día se escucha cómo la niña llama a Emergencias y suplica a su padre que haga los mismo mientras su madre perdía la conciencia poco a poco. “No derrama ni una lágrima”, subrayó durante su intervención anterior el abogado de la acusación particular. Guil destacó durante su intervención que el acusado procedió a taponar la herida de su mujer, pero evitó recordar lo que contaron días antes los policías que llegaron al lugar que decía Alonso G.: “¿Qué he hecho después de 22 años? ¿La he matado?”.

La letrada del policía local defendió a su cliente a capa y espada hasta el final eludiéndolo de responsabilidad por sus “enfermedades graves” que lo hacen “inimputable”. “A M.G.L -la menor- no se la cree nadie”. En su intervención final responsabilizó a la niña, a Mari Ángeles y a su familia, a una médico de la cárcel, además de a la Ciudad Autónoma por permitir que ejerciera y portara un arma reglamentaria tras revisiones ineficaces. “Es una persona vulnerable. Es un enfermo mental”, afirmó.

Precisamente, el letrado de la acusación particular horas antes fue en la misma línea, pero al contrario. “Al acusado solo se lo cree su madre y su hermana”, expresó. Se olvidó de otra persona: su abogada.

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