Ceuta Ya! acusa a Servilimpce de prevaricación en la formalización de varios contratos

Ceuta Ya! ha acusado a la gerencia de la sociedad municipal de limpieza Servilimpce de incurrir en irregularidades y de cometer un delito de prevaricación en la contratación de personal. La formación critica que se haya recurrido al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un procedimiento que, según sostienen los localistas, no pueden hacer uso las empresas públicas salvo en casos excepcionales.

“Una de las bondades de la municipalización tenía que ser acabar con las sospechas de enchufismo, pero todo sigue igual a día de hoy”, lamenta en un comunicado el secretario general de la formación, Mohamed Mustafa.

Ceuta Ya! ha votado en contra de estas contrataciones y otras adjudicaciones en el transcurso de la reunión del consejo de administración de la sociedad municipal celebrada este viernes. Los localistas también han votado en contra de ofertar empleo a tiempo parcial.

La formación ha criticado que en este caso, como en los anteriores, no existe informe de la secretaria general que avale la legalidad de la medida. “La empresa, antes de ofertar plazas indefinidas, debe definir su plantilla y su modelo de servicio plasmado en planes de servicio diseñados para ofrecer una prestación de calidad”, ha opuesto Mustafa.

Los localistas también han criticado la contratación de seguros de vehículos sin licitación pública promovida por Servilimpce por un importe próximo a los 100.000 euros. Los contratos habrían vencido el pasado 1 de abril. “Teniendo en cuenta que Servilimpce inició su actividad el 1 de septiembre, hablamos de que han transcurrido siete meses sin que la empresa acometa su obligación legal de promover el correspondiente procedimiento de licitación público”, concluye el líder de la formación. También en este caso, Ceuta Ya! ve la comisión de un delito de prevaricación.

El partido también critica la adjudicación del vestuario de verano, que asegura también se ha hecho sin licitación y, por tanto, a juicio de los localistas, supone un delito de prevaricación.

“Aportar como justificación un contrato firmado por dos empresas privadas en 2015, cuya vigencia expiró el 31 de agosto de 2024 y sobre el que no se contempla posibilidad de prórroga, no admite calificativos”, mantiene Mustafa.

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