Organizaciones sociales ven mejorable el nuevo Reglamento de Extranjería y piden la regularización

Cinco destacadas organizaciones que trabajan con personas migrantes en España —Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes— han valorado la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería como un avance parcial, pero insisten en que tiene “margen de mejora” y en que algunas de sus consecuencias podrían ser “graves” para miles de personas en situación administrativa irregular. Pese a reconocer que la reforma introduce cambios positivos, como la flexibilización de ciertos requisitos para el arraigo social y la posibilidad de trabajar hasta 30 horas durante la formación en el nuevo arraigo socioformativo, las entidades critican que se mantenga la exigencia de haber vivido al menos dos años en situación irregular para poder acceder a una autorización de residencia y trabajo. “Tiene un impacto directo en las condiciones de vida de muchas personas”, advierten.

Uno de los puntos más preocupantes señalados por las entidades es el efecto que tendrá la reforma sobre las personas solicitantes de asilo cuyas peticiones sean denegadas o que se vean forzadas a desistir. “Con la reforma del Reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supondrá (…) no solo la pérdida de esta autorización, sino que deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo”, alertan, subrayando que esto dejará en situación irregular a personas que ya estaban trabajando y cotizando legalmente.

Estas organizaciones del Tercer Sector recuerdan que durante los primeros meses de 2025, miles de personas migrantes han visto bloqueadas sus decisiones vitales por la falta de claridad sobre el nuevo Reglamento. Aunque el Ministerio de Inclusión ha publicado dos instrucciones para aclarar ciertos aspectos —una sobre el arraigo y otra sobre el nuevo estatuto de familiar de español—, las entidades afirman que “llegan tarde y no son la vía adecuada” por la “poca seguridad jurídica que generan”.

Además, las entidades firmantes advierten que el Reglamento, por sí solo, no resolverá la situación de irregularidad de decenas de miles de personas que ya viven y trabajan en el país. Por ello, vuelven a reivindicar la necesidad de aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria, una propuesta que consideran imprescindible “para garantizar derechos a miles de personas”.

El Pueblo de Ceuta ha conversado con responsables de varias de estas organizaciones para pedir una valoración de la citada reforma, pero se han limitado a remitirse al comunicado conjunto. Estas entidades presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el nuevo Reglamento.

El Gobierno saca pecho

Por su parte, el nuevo Reglamento de Extranjería ha sido presentado por el Gobierno como una herramienta clave para reforzar “una migración regular y segura” a través de una nota de prensa. Durante los seis meses que han pasado desde que se aprobó, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha desplegado una campaña de formación dirigida al personal de Extranjería, agentes sociales, económicos y del Tercer Sector para garantizar una aplicación uniforme y efectiva del nuevo marco legal.

La ministra Elma Saiz ha destacado su trabajo “sin descanso” con el objetivo de reforzar una migración regular y segura. “Este Reglamento nos permite aclarar las vías de llegada y residencia en España, garantizar los derechos de las personas migrantes, pero también sus deberes. España cuenta con una normativa clara, moderna y con vocación de permanencia”, considera Saiz.

El esfuerzo del Gobierno se ha traducido en la organización de jornadas formativas en 15 ciudades de nueve comunidades autónomas, así como en encuentros con entidades como el Consejo General de la Abogacía Española o el Ministerio de Economía. Además, la Secretaría de Estado de Migraciones ha reforzado las oficinas de Extranjería con 250 nuevas incorporaciones, a las que se sumarán otras 500 en junio, con una inversión de dos millones de euros. Este personal ha recibido formación específica sobre el Reglamento, que también se ha extendido a los consejeros de Trabajo en el exterior.

El nuevo Reglamento introduce “importantes novedades”: Se unifican las autorizaciones iniciales de residencia a un año, con renovaciones de cuatro años; se amplía el visado de búsqueda de empleo de tres meses a un año; y se crean cinco figuras de arraigo, incluida la de segunda oportunidad. Asimismo, se permite a los estudiantes extranjeros trabajar hasta 30 horas semanales y se amplía la reagrupación familiar.

El Gobierno ha publicado dos instrucciones para aclarar aspectos clave: una regula las autorizaciones de residencia por arraigo, introduciendo criterios claros y flexibles; la otra establece el nuevo régimen de residencia temporal para familiares de ciudadanos españoles, con el objetivo de resolver una “situación histórica de inseguridad jurídica” y “reforzar el derecho a la vida en familia”. “Hoy no culmina un proceso, continúa un compromiso”, ha concluido la ministra Saiz.

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