Piden más de seis años de prisión por una supuesta estafa mercantil de cientos de miles de euros
TRIBUNALES
La letrada del acusado entiende que “no se puede condenar a una persona por una falta de trazabilidad clara” en las cuentas de su empresa
La Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha acogido desde este martes una vista en la que se piden seis años de prisión por una supuesta estafa agravada a M.T., el administrador de una empresa de importación y exportación que dejó de pagar a sus proveedores.
Este miércoles ha quedado visto para sentencia un juicio en la que la acusación particular, ejercida por el representante de otras dos compañías a las que el primero llegó a deber en total más de 400.000 euros en 2017, solicita también, si el tribunal no considera probado el ilícito anteriormente señalado, cuatro años de prisión por apropiación indebida, y otros cuatro por un segundo delito de administración desleal, además de más multas y cuantiosas indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil. La esposa de M.T. también ha estado sentada en el banquillo por un presunto alzamiento de bienes, pero la Fiscalía finalmente ha retirado su acusación por no haberle supuesto ningún perjuicio a los acreedores. El Ministerio Público tampoco ha visto dolo en la conducta de M.T.
La imputación de la señora se explica porque su marido le transfirió una segunda empresa que fundó para seguir operando al haber sido denunciado y teniendo las cuentas embargadas de la anterior. Se han practicado tres pruebas testificales, la del denunciante, la de otro acreedor de otra compañía con sede en Canadá y la del rumano al que le fue transferida la primera empresa por una sospechosa cantidad a juzgar por el gran volumen de negocio que movió en los primeros años de actividad, más de 15 millones de euros.
La defensa, en línea con su cliente, ha mantenido que este actuó “de forma transparente y responsable”, así como que “no ocultó ni hizo desaparecer el activo de la empresa” de ninguna manera a pesar de no explicar qué pasó con gran cantidad del dinero. La letrada de M.T. entiende que “no se puede condenar a una persona por una falta de trazabilidad clara”, y ha invocado el principio in dubio pro reo para pedir su absolución.
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