El Constitucional admite a trámite tres recursos más contra el reparto de menores
POLÍTICA
A la impugnación de Madrid se le suman la de Aragón, Cantabria y Extremadura
Canarias y Ceuta no pueden cantar victoria aún tras la aprobación en el Congreso el pasado 10 de abril del Real Decreto Ley para obligar a las comunidades a la solidaridad en cuanto a la acogida de menores extranjeros no acompañados cuando cualquier territorio se encuentre en “contingencia migratoria”. Como era de esperar, varios gobiernos han presentado recursos, por lo que a la impugnación de Madrid se le han sumado las de Aragón, Cantabria y Extremadura, que denuncian que la imposición de la nueva norma es inconstitucional. Todas fueron admitidas a trámite por el Tribunal Constitucional tras el pleno que celebraron este martes.
“Poco diálogo, menos colaboración y sin tener ni idea de Derecho ni de la Constitución”, cuenta tajante una fuente conocedora del área de menores de Andalucía que “tenía claro” que la nueva norma iba a chocar con el Estatuto de Autonomía de las comunidades autónomas.
Las cuatro comunidades autónomas que han presentado los recursos están bajo la batuta del Partido Popular y todas van en la misma línea para argumentar sus impugnaciones. Por un lado, denuncian que los criterios de distribución de jóvenes y adolescentes no acompañados es “injusta” y debe realizarse mediante ley orgánica, “no decreto”. Además, insisten en que vulnera los preceptos constitucionales e invade las competencias.
Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas, por lo que tienen un rango superior a un Decreto Ley aprobado en el Congreso. De hecho, un Decreto Ley no puede modificar un Estatuto de Autonomía ni contradecirlo con la normativa en la mano. En caso de que las comunidades que se sientan afectadas acudan al Constitucional, el Tribunal “no lo tendrá sencillo” sobre un asunto “siempre delicado”, comentan fuentes consultadas.
Precisamente este miércoles se llevará a cabo la Comisión de Infancia en Canarias, hasta donde se ha desplazado la ministra Sira Rego. Según los primeros datos sobre ocupación en los centros de menores de las diferentes comunidades adelantados por El País, Castilla-La Mancha y Castilla y León deberían estirar su red un 300%, Cataluña -con ocho millones de habitantes-, un 5%. Por su parte, y según las cifras del medio de PRISA, Cantabria -uno de los territorios que ha presentado recurso- está “muy por debajo de ese tope” y apenas cubre en torno a un 30% de lo que les corresponde.
“Lo cierto es que si lo acepta el Constitucional se suspendería la entrada en vigor de la norma mientras se decide, algo que haría un roto tremendo a Ceuta porque no le daríamos salida al problema. Ojalá se alcanzase un consenso entre comunidades para no llegar a ese límite”, expresaba el diputado ceutí en el Congreso, Javier Celaya (PP) en este diario el pasado 21 de abril.
De momento, crece la inquietud tanto en Ceuta como en Canarias sobre la decisión que puede llegar a tomar el Constitucional sobre la reforma de la Ley de Extranjería que aliviaría de forma directa tanto al archipiélago como a la ciudad autónoma. Ambos lugares, sobrepasados actualmente, esperan que Rego cumpla su promesa de derivar a los 4.500 niños solos este verano. El fracaso podría poner en aprietos a ambos territorios españoles, ya que la época estival propicia las llegadas de migrantes.
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