Ceuta recurre al fondo de contingencia ante el colapso por menores no acompañados

CONSEJO DE GOBIERNO

La Ciudad destina 500.000 euros adicionales para atender una sobreocupación del 365 %, mientras sigue sin fecha la Conferencia Sectorial clave para la financiación y el reparto entre comunidades autónomas

FOTO EL PUEBLO
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La Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital del Gobierno de Ceuta ha aprobado este martes la utilización de medio millón de euros procedente del fondo de contingencia presupuestaria para hacer frente a los gastos derivados de la atención a menores extranjeros no acompañados, una medida adoptada con carácter urgente mientras se espera la celebración de una Conferencia Sectorial que sigue sin fecha confirmada.

El incremento de la asignación presupuestaria se justifica por la deuda acumulada en la atención a estos menores y la imposibilidad de aplicar aún los mecanismos estatales de financiación debido al retraso en la aprobación definitiva del Real Decreto que regula el reparto de competencias y fondos entre las distintas comunidades autónomas.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, el fondo de contingencia activado responde a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permite habilitar recursos para situaciones de emergencia o necesidad inaplazable.

Actualmente, Ceuta acoge a 409 menores no acompañados, lo que supone una sobreocupación del 365 % en sus recursos disponibles, ha indicado Ramírez. El 65 % de estos menores están alojados en instalaciones habilitadas de forma provisional y de emergencia, lo que agrava la presión asistencial.

El dato coloca a Ceuta como la ciudad con mayor ratio de menores no acompañados por cada 1.000 habitantes, con una media que supera en 24 puntos la referencia nacional, ha añadido el portavoz.

Ramírez ha señalado que el gasto generado supera con creces la capacidad presupuestaria de la Ciudad Autónoma y que los recursos estatales previstos, en torno a 11 millones de euros, aún no han sido transferidos ni reconocidos oficialmente debido a la parálisis administrativa.

La situación se remonta al inicio de 2024, cuando se produjo un aumento progresivo de la llegada de menores extranjeros no acompañados, que alcanzó un pico en agosto del mismo año. Desde entonces, tanto Ceuta como Canarias han reclamado una solución estructural y urgente.

“No hay fecha concreta para la Conferencia Sectorial, pero el Ministerio trasladó que se celebraría en el mes de junio”, ha explicado Ramírez. No obstante, ha admitido que esa previsión ya fue anunciada en anteriores ocasiones sin resultados concretos.

El Real Decreto que pretende regular el reparto de menores entre las comunidades autónomas no pudo ser aprobado en la primera Conferencia Sectorial por falta de acuerdo sobre los criterios de distribución. Se espera que una segunda reunión permita desbloquear el proceso.

“La clave para resolver este problema está en esa Conferencia Sectorial”, ha subrayado el portavoz, quien ha insistido en que solo con su celebración podrá garantizarse tanto la financiación estatal como la corresponsabilidad territorial en la atención a los menores.

Preguntado por la falta de avances pese al tiempo transcurrido, Ramírez ha recordado que el Gobierno de la Ciudad lleva reclamando soluciones desde marzo de 2024 y ha lamentado la falta de solidaridad por parte de muchas comunidades autónomas.

En su opinión, la situación requiere además una reforma en profundidad de la legislación de extranjería para adaptar los procedimientos a la realidad actual. “Es evidente que el modelo vigente no responde con eficacia a los retos que afrontamos”, ha declarado.

La aprobación del Real Decreto ley por parte del Gobierno central fue una medida excepcional para intentar paliar la falta de consenso político en la Conferencia Sectorial, pero su aplicación práctica sigue pendiente.

Mientras tanto, la Ciudad Autónoma ha tenido que activar distintos mecanismos presupuestarios propios para no dejar desatendida la situación de estos menores, lo que implica una presión adicional para las arcas públicas locales.

Además del medio millón aprobado este lunes con cargo al fondo de contingencia, el Gobierno local ya había tramitado anteriormente un expediente de modificación de crédito por 780.000 euros para el mismo fin, ha confirmado Ramírez.

Aunque no ha precisado la cifra exacta, el portavoz ha reconocido que el gasto extraordinario en atención a menores no acompañados durante este ejercicio 2025 ya supera ampliamente lo previsto inicialmente en los presupuestos.

“Estamos utilizando recursos que deberían estar dedicados a otras áreas, porque no hay otra alternativa”, ha afirmado. “No es que no tengamos tesorería, es que ni siquiera podemos habilitar la partida hasta que no haya un reconocimiento oficial por parte del Estado”, ha insistido.

En este contexto, el fondo de contingencia se ha convertido en la única vía para poder seguir prestando el servicio mientras se desbloquea la situación a nivel nacional. La medida ha sido avalada por el Consejo de Gobierno de la Ciudad.

Ramírez no ha descartado que se vuelva a recurrir a este fondo si la Conferencia Sectorial sigue retrasándose. “Está diseñado precisamente para situaciones sobrevenidas, como esta”, ha señalado.

En todo caso, ha advertido de que el fondo de contingencia ya ha quedado agotado tras esta última disposición y que su posible reposición dependerá de futuras modificaciones presupuestarias.

“El problema es estructural, no coyuntural, y requiere una solución estructurada y justa para territorios como Ceuta y Canarias”, ha reiterado Ramírez, quien ha pedido una vez más corresponsabilidad entre todas las autonomías.

A su juicio, el Gobierno central debería haber impulsado este acuerdo con más decisión desde hace tiempo, “para evitar que esta carga siga recayendo de manera desproporcionada sobre los mismos territorios”.

La Ciudad ha pedido celeridad al Estado no solo para formalizar la financiación pendiente, sino también para poner en marcha el reparto acordado y aliviar la situación de colapso asistencial que sufre desde hace más de un año.

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