Previsto del 17 al 19 de junio el juicio por la repatriación irregular de 55 menores

La vicepresidenta de la Ciudad y la delegada del Gobierno en 2021 –Mabel Deu y Salvadora Mateos, respectivamente- se enfrentan a un máximo de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la repatriación irregular de 55 menores que entraron en Ceuta durante el 17 y el 18 del mes de mayo del citado año. El juicio dará comienzo el próximo martes 17 de junio, y este diario puede confirmar que la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz prevé que se prolongue al menos dos días más, hasta el jueves 19.

Este procedimiento, esperado desde que transcurrieron los hechos hace más de cuatro años, combina responsabilidades políticas –tanto estatales como autonómicas- con cuestiones puramente migratorias y también con asuntos de derechos humanos y de relaciones internacionales. “Tiene enjundia”, aseguran fuentes judiciales, y el extenso seguimiento mediático del caso durante todo este período -tanto en España como en el extranjero- promete que en menos de dos semanas los ojos del mundo estén puestos en la principal sala de vistas de los tribunales ceutíes.

Desde el 13 al 16 de agosto de 2021 más de medio centenar de menores marroquíes no acompañados que habían entrado en Ceuta durante lo que puede llamarse la ‘crisis de mayo’ fueron repatriados a su país de origen. Se hizo en tandas de 15 por día, sin expedientes individualizados, sin darles audiencia, sin asistencia letrada y sin que interviniese el Ministerio Fiscal: las administraciones lo ejecutaron amparadas por el acuerdo bilateral fronterizo de 2007 de España con el vecino país, pero también violando la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño.

La operación fue bautizada en septiembre de 2022 por la exvicepresidenta Deu como de “retornos asistidos”, pero un gran número de organizaciones sociales –algunas personadas en esta causa como acusación particular- la presentaron como de “devoluciones en caliente”. Ahora se juzgará si esto se hizo a conciencia de que era una medida arbitraria o carente de fundamentos de derecho.

Un conflicto diplomático

El 18 de abril de 2021, el líder del Frente Polisario saharaui, Brahim Ghali, ingresó a un hospital en Logroño bajo una identidad falsa para tratarse de COVID-19 con autorización del Gobierno español y por razones humanitarias. Marruecos, que considera el Sáhara Occidental como parte de su territorio, interpretó esta decisión como un apoyo encubierto al Polisario, lo que exacerbó las tensiones bilaterales. En represalia, entre el 17 y 18 de mayo, las autoridades marroquíes relajaron los controles fronterizos, permitiendo que más de 10.000 personas migrantes, incluidos al menos 1.108 menores no acompañados, cruzaran irregularmente a Ceuta. Esta acción fue vista como una presión diplomática para que España reconsiderara su postura sobre el Sáhara Occidental.

Durante meses la ciudad quedó desbordada, con chavales alojados en condiciones precarias en albergues y pabellones. La presión para gestionar esta situación llevó a que las administraciones tomaran decisiones que luego serían vistas al menos como ‘controvertidas’, como la repatriación de menores objeto de este juicio.

El 24 de mayo la exvicepresidenta Deu envió una carta a la entonces delegada, Mateos, solicitando los citados retornos en virtud del Acuerdo Hispano-Marroquí de 2007. La Delegación del Gobierno apoyó la petición y elevó el asunto al Ministerio del Interior. A su vez, el 10 de agosto la Secretaría de Estado de Seguridad envió un correo al secretario general de la Delegación instando a iniciar la repatriación de los menores basándose en el Acuerdo de 2007, pero sin cumplir con la Ley de Extranjería.

Finalmente, del 13 al 16 de agosto fueron retornados 55 chavales marroquíes, pero ese mismo día 16 un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta ordenó la suspensión cautelar de las repatriaciones tras denuncias de varias organizaciones sociales, que alegaron violaciones de los derechos de los menores.

El procedimiento y los ceses

El 13 de diciembre de 2021 Mateos declara ante la Fiscalía como sospechosa, afirmando que las repatriaciones fueron ordenadas por el Gobierno central y fueron para garantizar el bienestar de los menores.

En febrero de 2022 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta declaró ilegales las repatriaciones de ocho de los 55 menores, ordenando su retorno. La sentencia señaló que se violó la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño.

En junio de ese mismo año la Fiscalía presentó una denuncia penal contra Mateos y Deu por prevaricación administrativa continuada, alegando que sabían de la ilegalidad de las repatriaciones. La causa pasó al Juzgado de Instrucción nº 2 de Ceuta.

El 30 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la mencionada ilegalidad, desestimando así los recursos de la Delegación y la Ciudad Autónoma.

Finalmente, el 19 de julio Deu renunció a sus competencias sobre Menores tras ser llamada a declarar en calidad de investigada, pasando las mismas a la Consejería de Sanidad de Ceuta. En el mismo sentido, el Consejo de Ministros destituyó a Mateos como delegada del Gobierno el 31 de octubre citando motivos de salud y la investigación en curso.

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