La Ciudad y la Delegación actuaron “de buena fe”: la línea de defensa de Deu y Mateos contra la supuesta prevaricación
TRIBUNALES - MIGRACIONES
Las que fueran vicepresidenta de Ceuta y delegada del Gobierno en 2021 se acogerán en el juicio al Acuerdo de 2007 de repatriación con Marruecos, a que siguieron la orden del Ministerio del Interior o a que miraron por el interés de los menores
La vicepresidenta de la Ciudad en 2021, Mabel Deu, y la delegada del Gobierno entonces, Salvadora Mateos, han mantenido en todo momento durante el proceso de Instrucción del juicio del próximo martes 17 que tanto el Gobierno local como la representación del Ejecutivo central en Ceuta actuaron “de buena fe” y a instancias del Ministerio de Interior ante una crisis migratoria y de acogida sin precedentes, de más de 1.000 menores en tan solo dos días (17 y 18 de mayo de 2021).
Tanto un abogado del Estado como un letrado de la Ciudad Autónoma serán los encargados de evitar su posible condena: la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por una supuesta prevaricación administrativa continuada, mientras que las organizaciones sociales constituidas en acusación particular -Asociación L’Escola y Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado- solicitan 15 años.
El 23 de agosto de 2022 Mateos declaró ante la Fiscalía que las repatriaciones se realizaron bajo el Acuerdo de 2007 en una situación excepcional y que se priorizó el interés de los menores, mientras que el 25 de agosto se supo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la Fiscalía de Menores de Ceuta conocían el procedimiento y no se opusieron inicialmente. Mateos argumenta que no hubo dolo ni arbitrariedad y que se aseguraron garantías de entrega a familias o centros en Marruecos. El 5 de octubre insistió en que cumplió órdenes de Interior y que el procedimiento fue un “pacto” entre Madrid y Rabat.
Por su parte, el 7 de septiembre de ese mismo año Deu afirmó en Instrucción que actuó bajo órdenes del Gobierno central y que las repatriaciones fueron “retornos asistidos” bajo el Acuerdo de 2007, ejecutados por mandato del Ministerio del Interior. Mantiene que su rol fue facilitar la ejecución de una decisión ya tomada.
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