Los jueces decanos alertan del colapso judicial por la reforma de la Ley de Eficiencia

Los jueces decanos de España han mostrado su preocupación por el impacto que tendrá la inminente reforma de la Ley de Eficiencia en el sistema judicial, al considerar que se está impulsando sin contar adecuadamente con el Poder Judicial ni prever los recursos necesarios para su aplicación, lo que puede abocar al colapso de varias jurisdicciones.

Reunidos en Alicante entre el 11 y el 13 de junio con motivo de las XXXIII Jornadas Nacionales, los decanos han agradecido la intervención de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante el acto inaugural, destacando sus palabras de aliento y su defensa de la independencia de la Carrera Judicial.

Los participantes han expresado su respaldo a las reivindicaciones en defensa de la independencia judicial realizadas el pasado 11 de junio. En ese marco, han defendido el actual modelo de acceso a la carrera, que consideran basado en los principios de mérito, capacidad, objetividad y transparencia, frente al modelo alternativo que contempla la reforma en trámite parlamentario.

Los jueces advierten de que la Ley de Eficiencia implica una profunda transformación del sistema judicial, pero sin abordar aspectos clave de su funcionamiento ni prever el coste que implicará su implantación. “No puede hacerse a coste cero”, han subrayado, reclamando una participación real del Poder Judicial en el proceso.

Uno de los aspectos más sensibles abordados ha sido el nuevo diseño de los Tribunales de Instancia y la implantación de la Oficina Judicial. Los decanos consideran imprescindible que el juez mantenga siempre el control sobre el procedimiento, advirtiendo de que el modelo propuesto aleja al juez de la tramitación.

Reclaman además que los jueces y magistrados sigan siendo los únicos competentes para fijar señalamientos, y que cuenten con un equipo de apoyo directo. También proponen crear un servicio de apoyo gubernativo específico para las presidencias de los Tribunales de Instancia.

Sobre el papel de las presidencias de estos nuevos órganos, instan al CGPJ a regular el procedimiento de elección de presidentes en los casos donde no haya jueces decanos electos, proponiendo un plazo mínimo de un mes tras la implantación del tribunal para convocar la Junta.

Otra de sus propuestas es que se regule la sustitución de las presidencias de los Tribunales de Instancia cuando no existan presidentes de sección, y que el presidente del Tribunal Central de Instancia cuente con una sección específica de Instrucción.

Especial preocupación genera entre los decanos el cambio competencial que afectará a los juzgados de Violencia sobre la Mujer a partir del próximo 3 de octubre. Consideran que supondrá un aumento desproporcionado de la carga de trabajo que amenaza con desbordar los órganos judiciales.

En este sentido, alertan de que el incremento de plazas judiciales previsto por el Real Decreto 422/2025 será claramente insuficiente, y reclaman un aumento urgente de la planta judicial para hacer frente a la nueva realidad derivada de la reforma.

Critican además la conversión de juzgados de instrucción en unidades judiciales de violencia de género, al considerar que esa medida no responde a las nuevas competencias asignadas y agrava la situación de las secciones de instrucción afectadas, repercutiendo negativamente en el servicio de guardia y en los derechos retributivos de sus titulares.

Los jueces también llaman la atención sobre la situación “alarmante y desesperada” de los Juzgados de Primera Instancia y de lo Social, y piden medidas urgentes para reforzar estas jurisdicciones con nuevas plazas.

Insisten en que debe mantenerse la especialización de los juzgados existentes —como los de Familia, Discapacidad o Ejecutorias— dentro de los futuros Tribunales de Instancia, independientemente de la sección en la que se integren.

En cuanto a las futuras secciones especializadas en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, advierten que su implantación sin una adecuada regulación de coordinación con los servicios de guardia puede derivar en una sobrecarga permanente para sus titulares y graves disfunciones en el servicio.

Por último, exigen que el nuevo modelo garantice la estricta separación de la jurisdicción de Menores del resto de jurisdicciones, asegurando la protección de los menores conforme a la normativa estatal e internacional.

Con estas conclusiones, los jueces decanos emplazan al CGPJ y al Ministerio de Justicia a abrir un diálogo real y efectivo para adaptar las reformas a la realidad judicial, evitando la improvisación y garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del servicio público de Justicia.

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