El jefe de gabinete de Delegación en 2021 sobre la devolución de menores: “La orden venía del ministro”

Quedaron señalados directamente este martes durante el juicio contra la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta del Gobierno local, Mabel Deu, tanto el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, como el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El jefe de gabinete del órgano de representación del Ejecutivo Central en la ciudad autónoma en 2021, J.H.L., dejó claro que la devolución de 55 menores no acompañados unos tres meses después de la ‘avalancha’ de entradas en mayo se realizó después de una orden directa de Madrid.

El desfile de autoridades comenzó desde las 10.00 de la mañana. Se notaba que era un juicio esperado en Ceuta. Apareció el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que desde un inicio mostró su apoyo y cercanía tanto a Mateos como a Deu, que se enfrentan hasta a 15 años de inhabilitación especial, así como a la prohibición del ejercicio de sufragio pasivo y también a la pérdida de honores. El ambiente era distendido y se mantuvo así en los pasillos del juzgado hasta que comenzaron a ir pasando a la Audiencia Provincial.

Como un rayo y sin saludar -ni al presidente- apareció la Jefa del Área de Menores, Antonia Palomo, que accedió a toda prisa y con unos documentos bajo el brazo. También se dejó ver Pablo Gómez, jefe de la Frontera, vestido con su atuendo de la Policía Nacional.

Deu y Mateos estuvieron conversando durante largo tiempo sentadas en un banco antes de acceder a la Audiencia Provincial. La apariencia de ambas era tranquila a pesar del mal trago de pasar por los juzgados en una vista de la que están pendientes también los medios nacionales al ser un tema sensible, como es el de los menores extranjeros no acompañados, y al estar implicado el Ministerio del Interior, aunque ni Grande-Marlaska ni Rafael Pérez hayan sido llamados a declarar ni estén imputados en la causa.

El jefe de gabinete de Mateos por aquel entonces estuvo testificando durante horas en la sala, en un interrogatorio algo trabado y repetitivo y que la magistrada Rosa de Castro tuvo que encauzar en varias ocasiones. Insistió reiteradamente en que las órdenes de retornar a 55 menores bajo el amparo del Acuerdo España–Marruecos de 2007 vinieron de Pérez, previa conversación con Marlaska y con la luz verde del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se apoyó también en varias ocasiones en que Marlaska y Pérez son jueces y que cumplieron con sus órdenes garantizando las garantías y derechos de los menores. Sobre esto, la fiscal jefe en Ceuta, Silvia Rojas, fue dura y recriminó que acataran las directrices sin informes personalizados de los niños -como marca la Ley de Extranjería-, sin confirmar si podían sufrir abusos sexuales en su país o si estaban en peligro de mendicidad, entre otras cosas.

“Todos fueron devueltos con sus familias, aunque es verdad que algunos familiares recriminaron a los chavales que hubieran vuelto, pero de eso ya se encargaba Marruecos, de darles protección”, explicó el exjefe de gabinete.

-”¿Es consciente de que los menores pidieron el habeas corpus?”, preguntó la fiscal.

-”Me enteré luego por los medios”, contestó.

Rojas preguntó también al exjefe de gabinete acerca de cuándo tuvieron noticias del paradero de los menores. Añadió el Ministerio Público que tardaron año y medio en recibir un documento oficial sobre la situación en la que se encontraban los niños, aunque J.H.L. mostró un vago recuerdo sin demasiada contundencia.

El antiguo jefe de gabinete de Mateos se acogió en todo momento a que temían que se fuera a dar “una nueva Marcha Verde” y a que “nadie” dudó de la veracidad de la carta que recibió -sin firma ni sello del secretario o del Ministerio de Interior- el 11 de agosto, una misiva que habría sido una respuesta de la solicitud de la Ciudad de comenzar las repatriaciones.

En este sentido, J.H.L. también ha señalado que “entendía” que el Gobierno local -institución tutora legal de los menores- había hecho los estudios de vulnerabilidad pertinentes para comprobar que no regresaban a condiciones peores que las que podían garantizarse a este lado de la frontera.

Uno de los momentos más complicados para J.H.L. llegó cuando la fiscal puso énfasis en las reiteradas llamadas de atención de la jefa del Área de Menores, Antonia Palomo, advirtiendo de la falta de respaldo legal y la probable prevaricación que se estaba cometiendo. El exjefe de gabinete no respondía a sus llamadas.

-”¿Usted informó a la delegada del Gobierno sobre la oposición de la señora Palomo?”, cuestionó la fiscal.

-”No”, respondió.

El artículo 4 del acuerdo

La fiscal hizo hincapié durante el interrogatorio a J.H.L. sobre si se cumplió con el artículo 4 del acuerdo bilateral entre Marruecos y España que regula la repatriación de menores desde este lado de la frontera hacia el reino alauita -que entró en vigor en 2012-.

El punto al que se refería el Ministerio Público habla de que “el acuerdo no sustituye los procedimientos judiciales o administrativos establecidos en la legislación de cada país, no permite expulsiones colectivas” y, por último, obliga a España a “realizar una evaluación individualizada del caso de cada menor”. Esta última parte se refiere a aglutinar datos como la identidad de los niños, circunstancias personales o nacionalidad, entre otros.

No supo argumentar el exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno si se tuvieron en cuenta esos detalles o de si se pidió asesoramiento jurídico antes de acatar las supuestas órdenes que venían desde Madrid, algo a lo que se aferró J.H.L. durante su extensa intervención, además de insistir en que Marruecos daba “todas las garantías” y a este lado se contaba “con todos los medios” para llevar a cabo el procedimiento.

El Tribunal Supremo ya sentenció en enero de 2024 que el Acuerdo no puede aplicarse sin cumplir la legislación española vigente en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que exige expedientes individuales, intervención del Fiscal de Menores, el derecho a la Defensa y el interés superior del menor.

“Entendimos todos la excepcionalidad (...) Una vez se comprueba que se dan los medios y hay recursos suficientes…Nadie dijo absolutamente nada”, aseguró en relación al retorno de menores.

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