Palomo advirtió a Delegación antes del retorno de menores en 2021 de que había prevaricación

Con tensión y con muchos datos defendió su proceder, compareciendo como testigo, la jefa del Área de Menores en Ceuta desde 2002, Antonia Palomo. Declaró sintiendo que, casi cuatro años después de la supuesta prevaricación cometida en la repatriación de los niños y niñas marroquíes, le hicieron “una encerrona” llevándola a la frontera el 11 de agosto de 2021 para hablar con las autoridades marroquíes. En el juicio en la Audiencia en el que se juzga a la entonces delegada del Gobierno -Salvadora Mateos- y a la exvicepresidenta de la Ciudad -Mabel Deu, con competencias en Menores en ese momento-, Palomo aseguró que “nunca” fue consultada como responsable de la tutela de la infancia que entró en la ciudad autónoma en mayo de 2021 y que nunca pudo trasladar los expedientes de los chavales a pesar de que se efectuaron 55 devoluciones en contra de la Ley de Extranjería y de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Aseguró en su intervención que advirtió al secretario de Delegación de que, de seguir adelante, incurrirían en un delito administrativo.

“Un grupo de personas, una mujer con bata blanca, un señor bajito, tres autobuses y ‘un tal Hasán’, que era el único que hablaba español”, dice Palomo que fue lo que se encontró tras cruzar la frontera con Marruecos el 11 de agosto de 2021. Un día antes había realizado un escrito en contra del comienzo de la repatriación de menores “sin garantías”, y aquella mañana la exvicepresidenta Deu le había pedido que la acompañara “como persona de su confianza” hasta el puesto fronterizo del Tarajal. También había avisado al secretario de la Delegación del Gobierno -I.K.C.- por teléfono de que incurrirían en un delito al no hacer un estudio individualizado de cada uno de aquellos niños: “Esto es prevaricar, sabéis que no se puede hacer”, asegura que trasladó a la representación del Gobierno central en Ceuta.

Minutos antes, el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno por aquel entonces -que supuestamente no contestaba a las llamadas de la jefa del Área de menores- declaró como testigo. Aseguró que siguieron órdenes del secretario de Seguridad, Rafael Pérez, tras la luz verde para la repatriación de los niños por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Los dos son jueces (...) Eran órdenes de Madrid”, argumentó para afianzar su versión.

Palomo, durante su comparecencia, dejó claro que cuando se enteró de lo ocurrido daba por hecho que no era una obligación. “Yo no consideré que fuera una orden porque el Ministerio con competencias no era Interior, sino Trabajo y Servicios Sociales. A mí no me puede ordenar nadie que no posea competencias”, sostuvo.

No obstante, Palomo se personó en el Tarajal y fue precisamente la primera en pasar al otro lado del puesto fronterizo a pesar de que consideraba aún que “no tenía validez” el Acuerdo de 2007 entre España y Marruecos para poder trasladar a estos menores por encima de las directrices españolas, europeas y de las Naciones Unidas; pero sobre todo sin haber realizado un estudio individualizado de cada uno en tiempo y forma como marca la Ley de Extranjería: "Todo tiene un procedimiento y un niño no puede salir del país sin un procedimiento. El problema es que en un día entraron 1.080 niños”, ha destacado, insistiendo en que no se les exigieron los expedientes -y los únicos datos que tenían- con respecto a los primeros 55 menores que pasaron.

Continuó relatando Palomo que cuando pudo hablar con “el tal Hasán” -un representante diplomático marroquí según el anterior testigo (J.H.L.), que tampoco ha mencionado su apellido- le pareció “prepotente” al decirle a ella que “no era nadie para cuestionar cómo trataban a sus niños”, en referencia a los menores marroquíes. “Le dije que esto era España, Europa, y que habían abierto la frontera como un gallinero. Que había niños dañados, niñas prostituidas, menores del colectivo LGTBI…”, ha recordado.

“Intenté que trajeran a los padres para hacer el procedimiento: una entrevista, cuál era su motivación de marcharse, su situación familiar, etc. Luego no tuve más conocimiento de ellos”, asegura Palomo, que después sí ha accedido a varios expedientes -al menos 536 del total de los más de 1.200 menores acogidos temporalmente- realizados hasta el 2 de junio de ese año por las fundaciones Cruz Blanca y SAMU. No obstante, los 55 niños repatriados partieron del pabellón deportivo Santa Amelia, una instalación de acogida temporal en la que asegura que “no se hizo ningún estudio”. De esta manera, muchos de esos migrantes menores de edad carecían de N.I.E., sus nombres estaban “confundidos” y sus reseñas e historias de vida no fueron completadas debidamente.

Uno a uno, la jefa del Área ha ido poniendo ejemplos de alguno que cumplió la mayoría de edad en Ceuta o que fue reagrupado en territorio español a pesar de que los datos que entonces se conocían oficialmente apuntaban a que habían sido repatriados con éxito con sus familias en Marruecos. Algunos eran niñas y no niños, a una le concedieron la protección subsidiaria… Otros, simplemente han sido “menores desconocidos para la Ciudad Autónoma, sin expediente alguno en el Área de Menores”.

“¿Qué pasó en el pabellón de Santa Amelia cuando las autoridades fueron a por los menores?”, ha preguntado la fiscal Silvia Rojas. “Cuando los van llamando uno a uno, y ante el desconcierto de que los van a repatriar, algunos se autolesionan, otros lloran… Se tienen que organizar asambleas internas y restringen las salidas del centro. El pabellón fue cercado por la policía, y fueron nombrando niño a niño, sacándolos del polideportivo y metiéndolos en autobuses”, ha descrito Palomo, que insistió en que la situación era caótica.

“¿Cómo se sabía si eran o no vulnerables?, ¿quién tomó la decisión?, ¿por qué esos y no otros?”, ha insistido el Ministerio Público. “Alguien tuvo que tomar la decisión, pero el motivo lo desconozco. Nunca fuimos consultados y somos los responsables de los expedientes”, ha concluido la responsable de Menores en Ceuta, recalcando el “desamparo” de los chavales y la responsabilidad de la delegación del Gobierno y su Unidad de Extranjería, a pesar de asegurar también de que “nunca tuvo contacto” con Salvadora Mateos, que está sentada en el banquillo y por la que pide la Fiscalía, al igual que por Deu, hasta 15 años de inhabilitación, sufragio pasivo y retirada de honores.

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