El Gobierno no contempló aplicar la Ley de Extranjería para abordar el retorno de menores a Marruecos en 2021

Desde la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio del Interior no se contempló aplicar la Ley de Extranjería para garantizar el retorno seguro y ajustado a derecho de los menores durante la crisis de entradas en Ceuta en mayo de 2021. Así lo confirmó el secretario general de la Delegación del Gobierno, I.K., durante su intervención en la vista en la que se juzga a la entonces máxima dirigente del órgano de representación del Ejecutivo Central en la Ciudad Autónoma, Salvadora Mateos, y a la en su día vicepresidenta local, Mabel Deu. Ambas enfrentan penas de hasta 15 años de inhabilitación especial por una supuesta prevaricación continuada.

El secretario general de la Delegación del Gobierno estuvo declarando más de dos horas y dando explicaciones sobre lo que a todas luces parece que fue una ‘chapuza’. I.K. argumenta que se desechó la idea de aplicar la Ley de Extranjería porque es un procedimiento “rígido” y por la poca colaboración años atrás de Marruecos para ofrecer información ágil sobre la situación de los menores que se requería por parte de España.

La normativa española, señaló el secretario general de la Delegación del Gobierno, incide en que se necesita una evaluación de la situación familiar de los niños por parte de las autoridades de Marruecos que es requerida por la oficina de Extranjería de Ceuta. “Nos dijeron que esa vía estaba muerta, que no era eficaz, por eso en esas circunstancias especiales se inició la vía alternativa que proponía Interior”.

Por ello, tras petición de la Ciudad Autónoma -que es quien tiene las competencias sobre los niños no acompañados- para que se aplicase el acuerdo bilateral de 2007 con Marruecos sobre el retorno de menores solos, la orden por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad para que se ejecutase y la disposición del país vecino para que se llevara a cabo, insistió I.K. en que no tuvo dudas sobre cómo actuar aquellos días de mediados de agosto cuando Ceuta estaba colapsada de menores.

No fueron suficientes las reclamaciones días antes tanto de la Fiscalía General del Estado como del Ministerio Público en Ceuta a través de correos electrónicos para conocer en profundidad cómo iba a realizarse un procedimiento que les generaba dudas.

Fue el 11 de agosto de 2021 cuando I.K. convocó una reunión en la frontera haciendo las funciones de delegado del Gobierno para corroborar que Marruecos contaba con los medios para garantizar un retorno de los menores seguro con sus familias o al centro ubicado en Río Martín. Al lugar acudió el jefe de Gabinete del órgano de representación del Ejecutivo Central, la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, y la jefa del Área de Menores, Antonia Palomo, entre otras autoridades. Mateos se encontraba en su casa afectada por la Covid-19.

Este martes ilustró Palomo durante su declaración en la Audiencia Provincial sobre la escena “caótica” que se encontró en la frontera, en la que supuestamente no había ningún padre y donde mantuvo un choque con autoridades del país vecino. El secretario general de la Delegación del Gobierno aseguró que allí se encontraba personal diplomático de Marruecos, aunque admitió a la fiscal que nadie se identificó con acreditaciones ni de forma oficial.

La ‘reunión’, sin levantamiento de actas ni mesas de por medio, se convirtió en una conversación informal con ‘corrillos’ en la que la única que mostró su disconformidad desde el primer momento fue Palomo, jefa del área de Menores en Ceuta desde hace más de 20 años. “Después del encuentro, la conclusión que sacamos es que Marruecos estaba a disposición de asumir la tutela de los niños en Río Martín y de trasladar a los que lo requirieran con sus familias”.

En ese lado de la frontera ya estaban preparados autobuses para el retorno de los niños, aunque I.K. declaró que no tenían preparadas las repatriaciones ese día, sino que solo fueron a corroborar que el país vecino contaba con los medios adecuados para garantizar su vuelta.

Choque con la Fiscalía

La Fiscalía recriminó en varias ocasiones que el contacto por parte de Delegación del Gobierno con el Ministerio Público fue apenas unos días antes solo para avisar del retorno de los niños, sin contestar a las preguntas sobre cómo se iba a llevar a cabo el procedimiento. También interrogó aparentemente sorprendida la fiscal jefe en Ceuta, Silvia Rojas, cómo pudo no haber tenido dudas tras las reiteradas quejas de Palomo.

-”¿No pidieron asesoramiento legal tras las preguntas de la Fiscalía sobre el procedimiento y las dudas de una institución en Ceuta como la jefa del Área de Menores?”.

-”No hacía falta pedir asesoramiento. La vía de Extranjería estaba bloqueada”, contestó I.K., que insistió en que seguían instrucciones de arriba y “había que darles curso”.

-”¿No le dijo la jefa del Área de Menores que podían incurrir en un delito de prevaricación?”, insistió la fiscal refiriéndose a lo que manifestó este martes de Palomo.

-”No lo recuerdo. Solo recuerdo que manifestaba su disconformidad”.

El secretario general de la Delegación del Gobierno admitió que recibieron una lista por parte de la Ciudad Autónoma, previa entrevista de diferentes oenegés, sobre los menores que iban a ser retornados; “ninguno vulnerable” y “todos mayores de 17 años”.

Aquellos días, como han declarado diferentes trabajadores de oenegés, se corrió la voz por los centros de menores de Ceuta y los chavales comenzaron a fugarse, autolesionarse y llorar en una situación de pánico generalizado por la idea de volver a Marruecos. De hecho, durante varios intentos de repatriación los niños se acogieron al habeas corpus, un derecho fundamental que protege a las personas contra detenciones ilegales o arbitrarias.

Sobre cómo corroboró si efectivamente los niños no estaban en una situación de vulnerabilidad, afirmó que eso era tarea de la Ciudad Autónoma, ya que desde la Delegación colaboran, pero sobre todo garantizan que el retorno en la frontera fuera seguro.

La fiscal puso sobre la mesa un correo que recibieron en la Delegación del Gobierno por parte de Marruecos un año y un mes después de los retornos en los que, sin entrar mucho en materia, aseguraban que estaban seguros, o con sus familias o en el centro de Río Martín.

“¿Cómo corroboraron que los niños estaban bien y que llegaron seguros?, ¿les dieron alguna prueba documental?, ¿sabe si fueron recogidos por oenegés?, preguntó la fiscal. I.K. insistió en que las autoridades marroquíes confirmaron que habían hecho los trámites para garantizar el interés superior del menor y, posteriormente a los retornos, anunciaron que “el proceso se había completado”.

Sin contestar a los correos de Fiscalía, sin un protocolo claro, sin tener en cuenta las advertencias de la jefa del Área de Menores, sin pruebas documentales ni confirmación del retorno seguro de los niños, sin aplicar la normativa española, sin asesoramiento jurídico.

Según I.K., las directrices de la secretaría de Estado de Seguridad y de Interior fueron suficientes para llevar a cabo el retorno de los niños a pesar de no contar con las competencias, según recordó Palomo este martes. Finalmente las repatriaciones se paralizaron por orden del Juzgado de los Contencioso-Administrativo.

Sigue el canal de El Pueblo de Ceuta en WhatsApp. Pincha aquí, dale a SEGUIR y encontrarás toda la actualidad informativa de la jornada ceutí