Interior no tenía las competencias para ordenar el retorno de menores en 2021

Cada día que pasa del juicio contra la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la entonces vicepresidenta de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu, sobre una supuesta prevaricación continuada tras la devolución de decenas de menores marroquíes unos meses después de la avalancha de entradas en mayo de 2021, queda más claro que la única competencia que tenía el Ministerio del Interior era la de Extranjería y la de garantizar un retorno seguro de los niños al país vecino a través de la frontera.

Según testimonios de dirigentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta recabados estos días en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma se puede confirmar que, desde el Ministerio del Interior -previa luz verde de Fernando Grande-Marlaska-, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ordenó al órgano de representación del Ejecutivo Central en Ceuta que se ejecutara el retorno de los niños solos que habían accedido a España en mayo de 2021 sin contar con las competencias y ordenando que se adoptara el acuerdo bilateral con Marruecos de 2007 y que entró en vigor en 2012.

El entonces secretario de Estado de Derechos Sociales -Ministerio que poseía las competencias en cuanto a los menores y su bienestar- declaró este miércoles y confirmó que avisaron días antes de que comenzaran las devoluciones en la frontera de chavales tanto a Deu como a Pérez y, por tanto, a Interior, de que se podía estar cometiendo una ilegalidad.

En concreto el entonces secretario de Estado de Derechos Sociales, I.A.P., detalló que el día 13 de agosto enviaron el comunicado a Interior y al día siguiente a Deu.

“Lo firmamos la directora general de Infancia y yo. Lo dirigimos al secretario de Estado de Seguridad y al Ministerio del Interior. Advertimos de que observamos con preocupación el incumplimiento en materia de extranjería que se estaba dando sobre la operación que se estaba llevando a cabo en Ceuta en relación a la repatriación de menores”, sostuvo.

Se refería I.A.P. a que preocupaba a su Ministerio que no se estuviera respetando la legislación vigente en materia de infancia y en cuanto al reglamento de Extranjería, ya que para llevar a cabo el acuerdo bilateral entre Marruecos y España había primero que cumplir con las normas nacionales que requerían, entre otras cosas, una documentación concreta sobre la situación de los niños solos que debía entregar el país vecino y que no esperaban. El procedimiento, insistieron, no era el correcto.

El secretario de Estado de Derechos Sociales comentó durante su interrogatorio por videollamada que el secretario de Estado de Seguridad le insistió en que “todo se estaba llevando a cabo según la ley”. “Isabel -por Mabel Deu- me dijo también que todo se estaba llevando a cabo según le transmitían desde el Ministerio del Interior y desde la Delegación del Gobierno, por lo que se ceñía a lo que decían”, expresó.

Su testimonio va en la línea del que transmitió este miércoles durante su intervención el entonces secretario general de la Delegación del gobierno: la petición de la Ciudad Autónoma de aplicar el acuerdo bilateral con Marruecos; la luz verde de Interior y la buena disposición del país vecino fueron suficientes para llevar a cabo un retorno de menores que no se ajustaba a la normativa española. De hecho, el 14 de agosto Deu mandó a I.A.P. un mensaje después de las advertencias de éste sobre el supuesto delito. “Lo estamos haciendo todo con pulcritud”, apuntó.

Sobre si indicó a las partes involucradas si la unidad competente era el Ministerio de Derechos Sociales, I.A.P. dejó claro que en ese momento ellos tenían unas competencias y debían garantizar que se cumplieran los derechos de la infancia. En esa línea, la Ciudad Autónoma tenía la responsabilidad de la tutela de los niños solos e Interior poseía las competencias para que todo saliera en condiciones en la frontera.

“Advertimos que la tarea de coordinar y advertir de que ese proceso de devolución debía hacerse en cuanto a la Ley de Extranjería y la directiva europea porque podían estar vulnerando los derechos de los menores. Insistimos desde el día 11, que supimos que se estaba haciendo el operativo de retorno, que se debía de hacer todo conforme a la ley”, zanjó.

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