El exsecretario de Estado de Seguridad muestra amnesia y depura responsabilidades en el juicio sobre el retorno de menores

Contra todo pronóstico la jueza de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, Rosa de Castro, aceptó la propuesta de testifical reclamada por la fiscal Silvia Rojas del exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en el juicio en el que están acusadas la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta por aquel entonces, Mabel Deu, que se enfrentan a 15 años de inhabilitación por una supuesta prevaricación a raíz de los retornos de menores migrantes meses después de la ‘avalancha’ de entradas de 2021. El mandatario, con un alto cargo en el Ministerio del Interior durante esas jornadas, mostró una aparente amnesia sobre los hechos y depuró responsabilidades. “Ustedes llevan varios días -de vista- a mí me acaban de llamar a declarar ahora mismo. Han pasado muchos años”, expresó. Garantizó que no dieron “ninguna orden”, lo que provocó un careo con la entonces consejera de Presidencia de la administración local.

Pérez depuró responsabilidades a pesar de no recordar gran parte de las comunicaciones ‘frenéticas’ aquellos días que mantenía tanto con Deu y la Delegación del Gobierno. El mandatario recalcó que nunca dieron ninguna orden para aplicar el acuerdo marco con Marruecos firmado en 2007 para poner en marcha el retorno de menores, algo que choca con la versión de varios testigos, de Mateos y de la exvicepresidenta de Ceuta por aquel entonces, por lo que la jueza propuso un careo entre ésta última y el exsecretario de Estado de Seguridad.

A Pérez le pilló por sorpresa la llamada de la Audiencia Provincial este jueves por unos hechos en los que estuvo involucrado en 2021. Aunque recordaba poco, admitió que desde la secretaría de Estado de Seguridad se envió el 10 de agosto de ese año un escrito -sin firma- a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma dando luz verde para la aplicación del convenio con Marruecos ante el colapso de menores en Ceuta por aquella época.

La petición de la Ciudad Autónoma de la activación del acuerdo unido a la conformidad de la Delegación del Gobierno y a la disposición de Marruecos de acoger a sus niños nacionales llevó, tras meses de estudio y análisis, al Ministerio del Interior a la conclusión de que el acuerdo bilateral era la única solución viable para dar respuesta a la problemática.

A pesar de que era un momento en el que las relaciones entre ambos países estaban rotas, Pérez confirmó que desde Interior se siguió en contacto con el país vecino, que veía con buenos ojos poner en marcha el acuerdo de 2007 y que se publicó formalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2012.

La controversia surge solo con echar un vistazo al acuerdo bilateral y confirmar que para llevarlo a cabo hay que cumplir el artículo 5 que obliga a extremar la precaución en la atención de los niños a las autoridades españolas competentes, además de a resolver esa repatriación con “observancia estricta de la legislación española, de la Convención de los Derechos del Niño y de las leyes internacionales”. “No cabe interpretación alguna”, subrayó la fiscal, Silvia Rojas.

Mientras desde la Delegación del Gobierno y desde la Ciudad Autónoma se ha insistido durante la vista en que las órdenes venían de Interior y, en concreto, de Pérez, éste en un primer momento ha declarado que sus mensajes instando a activar el acuerdo eran “meras comunicaciones, nunca directrices específicas”.

En este punto la jueza ha pedido un careo con Deu, que ha continuado con su versión ante la mirada de Pérez a través de la pantalla -ha declarado por videollamada-. La exvicepresidenta ha insistido en que recibió el correo de la secretaría de Estado de Seguridad dando luz verde a la activación del acuerdo, que a continuación pidió a dicha área explicaciones sobre cómo iba a ser el procedimiento o el cronograma, ya que era la primera vez que se implementaba, y el propio Pérez le confirmó que no había problemas.

Le emplazó Pérez a Deu a que se presentara al día siguiente en una reunión que había programada en la frontera entre autoridades de la Ciudad Autónoma y de Delegación del Gobierno para observar cómo iba a ser el procedimiento y corroborar que Marruecos estaba dispuesto a retornar a sus niños.

“Sigo manteniendo que, después de muchas reuniones, siempre se avaló como solución la activación del acuerdo con Marruecos. Parecía suficiente para garantizar el retorno seguro de los niños. Entiendo que el secretario de Estado de Seguridad no lo recuerde, no pretendo culpar a nadie, pero todas las decisiones fueron amparadas por la legalidad total que aseguraron desde el Ministerio -del Interior-”, expresó Deu durante el Careo.

Tras la reunión en la frontera, los próximos días se concretó que los retornos de los niños fueran en autobuses que llegaran a la frontera con 15 niños, a los que se identificaba de cinco en cinco. Se llegaron a hacer varias hasta que comenzaron a surgir dudas. Por un lado, desde el Ministerio de Derechos Sociales, que enviaron un comunicado cuestionando las prácticas y tildándolas de “ilegales” y por otro desde el área de Menores de Ceuta, entre otras entidades.

“Parece que las oenegés no están confiadas de que el procedimiento se esté haciendo conforme a la legalidad española”, aseguró el entonces secretario de Estado de Seguridad en un mensaje durante esos días a Deu. Tras varios retornos -y devoluciones-, finalmente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo paró las repatriaciones.

“Entendíamos que el tratado internacional se había activado de acuerdo a las relaciones diplomáticas. Pensamos que ese era el instrumento marcado en las reuniones. Era la fórmula para que los menores retornaran”, sostuvo Deu durante un careo marcado por la amnesia de Pérez.

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