La Fiscalía pide la condena por prevaricación para Mateos y Deu por el retorno “ilegal” de menores en 2021
MENORES
Concluye el Ministerio Público que no solo fue una “negligencia institucional”, sino una “conducta delictiva”, por lo que reclama la inhabilitación especial de ambas
En la ronda de conclusiones en el juicio contra la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, por una supuesta prevaricación en 2021 sobre el retorno de menores marroquíes meses después de la ‘avalancha’ en la que entraron miles de migrantes a la ciudad autónoma, la fiscal Silvia Rojas se ha reafirmado y ha pedido la inhabilitación para ambas. “No fue solo una negligencia institucional, sino una conducta delictiva”, expresó.
Más de una hora ha estado Rojas explicando las razones por las que, a su juicio, Deu y Mateos deben ser condenadas con una inhabilitación especial. Ambas dieron por buenas las directrices del Ministerio del Interior -aunque el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafal Pérez, que declaró este jueves de última hora, aseguró no acordarse de casi nada- para poner en marcha el acuerdo bilateral entre España y Marruecos firmado en 2007 para el retorno de niños solos.
La fiscal ha estado más de una hora argumentando por qué Deu debe ser inhabilitada y, al menos media hora, razonando los motivos por los que también Mateos tenía responsabilidad como delegada del Gobierno.
Recriminó Rojas a Deu que, más allá de las directrices marcadas por Interior, no buscara algún tipo de asesoramiento jurídico, no político, como el que la exvicepresidenta declaró haber hecho. La fiscal pidió nombres y responsables que avalaron poner en marcha el acuerdo con Marruecos sin tener en cuenta las normativas españolas, pero la popular dio algunos nombres al aire que no convencieron del todo al Ministerio Público.
Otro de los aspectos que criticó la fiscal en su exposición de conclusiones es que no se tuviera en cuenta el desacuerdo desde el primer día de Antonia Palomo, jefa del Área de Menores de la Ciudad Autónoma desde hace más de dos décadas. “Buscaban ejecutar las devoluciones con rapidez”, aseguró Rojas.
Según la fiscal no hubo expedientes de cada menor individualizados, no se tuvo en cuenta la Ley de Extranjería, no se pidió asesoramiento jurídico y tampoco se buscó el respaldo del propio Ministerio Público, que se enteró de que se iba a llevar a cabo la instrucción de Interior apenas un día antes.
Se apoyó también en las declaraciones del exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que afirmó que desde Interior no dieron “órdenes”, sino que fueron “comunicaciones” en un momento de crisis, algo que quedó en evidencia tras el careo con Deu y la aparente amnesia que mostró el entonces mandatario.
La famosa reunión en la frontera días antes de las repatriaciones también fue un hecho que puso sobre la mesa Rojas. “La decisión ya estaba tomada”, sostuvo. Tras la luz verde de Interior, Delegación organizó una reunión con la Ciudad y las autoridades marroquíes en la frontera para observar el procedimiento que se iba a llevar a cabo. Palomo estuvo presente, pero al ver el ‘percal’ mostró su rechazo de nuevo, aunque no se la tuvo en cuenta.
“Sin expedientes individualizados, sin intervención del Ministerio Fiscal, sin escuchar a los menores uno a uno…La frontera fue un acto preparatorio, pero la decisión ya estaba tomada. De ella se extrae el dolo de la acusada. Sabía que no había procedimiento, había sido advertida de la ilegalidad y aún así se plantan en la frontera para decidir cómo iba a ser el procedimiento”, expresó tajante Rojas, que prácticamente se centró en la actuación de Deu.
Sobre Mateos recordó que la Delegación del gobierno es el órgano competente para realizar la repatriación de los niños, por lo que definió la actuación como de “falta de rigor profesional”, tanto por parte de la acusada como de su Jefe de Gabinete, del que también dijo que incumplió sus funciones de manera “flagrante” al no advertir a la delegada tras las recomendaciones de Palomo in situ en la frontera.
Achacó Rojas a la Delegación del Gobierno que entregara a los niños al país vecino sin tener constancia documental, sin conocer a las familias, sin tener la certeza de que serían entregados a oenegés o a algún centro que cumpliera con las condiciones. Además, recordó que el órgano de representación del Ejecutivo Central en Ceuta recibió un año y un mes después un mensaje, “muy general”, por parte de Marruecos en el que aseguraba que los niños estaban bien.
“Además de la prevaricación hay una vulneración del interés del menor. Resolvieron el problema de forma ilegal. Cosificaron a los menores. Sí, todo dentro de un contexto complicado, pero de forma ilegal y gravemente irresponsable”, zanjó Rojas.
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