CSIF rechaza la oferta de empleo público por insuficiente y desigual

SINDICATOS

El sindicato denuncia el recorte de plazas, el envejecimiento de las plantillas y el riesgo de desigualdad entre territorios por acuerdos bilaterales

Imagen de archivo de manifestación de CSIF. / FOTO EL PUEBLO
Imagen de archivo de manifestación de CSIF. / FOTO EL PUEBLO

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha mostrado su rechazo a la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025 al considerar que es insuficiente y rompe con la equidad en la prestación de servicios entre comunidades autónomas.

La propuesta del Gobierno incluye 36.588 plazas para la Administración General del Estado, lo que supone una reducción de 3.558 plazas respecto al año anterior. Este descenso revierte por primera vez la tendencia de crecimiento sostenido de los últimos ejercicios. Para CSIF, el recorte es resultado directo de la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y de la congelación de fondos europeos ligada a restricciones de gasto impuestas desde Bruselas.

La organización sindical advierte que la actual OEP no permite abordar los déficits estructurales de personal en servicios esenciales como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o las instituciones penitenciarias, así como en áreas transferidas como sanidad y educación, que dependen de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Otro de los puntos criticados por CSIF es el mantenimiento de la tasa de reposición, que impide generar empleo neto y perpetúa la temporalidad en las plantillas públicas. Además, denuncian que esta situación ha contribuido a la paralización de fondos europeos destinados al refuerzo del sector público.

La oferta incluye también una tasa adicional específica para el País Vasco, centrada en el ámbito de la Justicia, lo que permitirá a esta comunidad reforzar sus plantillas por encima de los criterios comunes aplicados al resto del país. CSIF considera esta medida una "discriminación" que vulnera el principio de equidad y puede derivar en desigualdades en el acceso a los servicios públicos.

En esa línea, el sindicato expresa su preocupación por las negociaciones del Gobierno con formaciones como Junts y el PNV, que —según afirman— pueden comprometer competencias estatales en materia de empleo público, impuestos o Seguridad Social, afectando así a la calidad de los servicios según el territorio.

Un problema estructural sin resolver

CSIF insiste en que urge reforzar de inmediato las plantillas públicas. Según datos del Ministerio de Función Pública, en los últimos 20 años se han perdido más de 42.000 empleos en la Administración del Estado. Además, el 21 % del personal actual —más de 45.000 personas— tiene más de 60 años, lo que anticipa un colapso aún mayor en la próxima década.

De hecho, según el Registro Central de Personal, el 55 % de la plantilla se jubilará en los próximos 10 años. Un informe de la OCDE ya alertó del envejecimiento de la administración española frente a otros países de su entorno, lo que refuerza la demanda de CSIF de un plan de renovación urgente y a medio plazo.

El sindicato también exige al Ejecutivo un nuevo acuerdo salarial que contemple la subida prevista para este año, y anuncia que retomará las movilizaciones en las próximas semanas.

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